La reciente ascensión de Lin-Kiu Ly Fumey como presidenta de la Comisión de Seguridad del Consejo Regional de Arica ha generado una oleada de controversia, especialmente dado su pasado como abogada defensora de individuos implicados en el narcotráfico y la trata de personas. Fumey, quien fue electa como consejera regional en las elecciones de octubre de 2024 bajo la postulación del Partido Republicano, se desvinculó del partido apenas unos días después de asumir su cargo, integrándose al nuevo partido liderado por el diputado Johannes Kaiser. Esta decisión ha suscitado críticas y preocupación entre sectores políticos y la sociedad civil debido a su historial profesional que incluye la defensa de notables criminales relacionados con el tráfico de drogas.
Según información obtenida por Radio Biobío, Ly Fumey ha estado involucrada en al menos 40 casos vinculados al narcotráfico, defendiendo, entre otros, a un hombre colombiano que intentó evadir un control policial arrollando a un funcionario de la PDI. Además, su lista de clientes incluye a personas como Roberto Cristóbal Carlos Paicho, condenado por tráfico de medio tonelada de cannabis. Esta relación con el crimen organizado plantea serias dudas sobre su capacidad para liderar la comisión de seguridad, sobre todo en un contexto donde la región ha experimentado un aumento alarmante de la violencia, con un incremento de homicidios del 73% entre 2021 y 2022.
La relevancia de su carrera como abogada se ve reflejada en su involucramiento en otros casos de tráfico de personas, incluido un ciudadano boliviano condenado por guiar a migrantes a través de cruces ilegales en 2022. Aunque Ly Fumey sostiene que su relación con estos casos es estrictamente profesional, sigue existiendo una preocupación generalizada sobre cómo su antecedentes pueden influir en su papel actual en la legislación y en la formulación de políticas relacionadas con la seguridad pública. Esto se hace aún más crítico con su reciente nombramiento como presidenta de la Comisión de Seguridad, donde puede ser determinante en decisiones clave como la asignación de recursos para patrullajes y equipos de vigilancia.
Desde su elección, el Partido Republicano ha declarado que no estaban al tanto de la trayectoria legal de Ly Fumey durante el proceso de selección de candidatos, en el que dijeron que se priorizó la integridad y transparencia. Sin embargo, la falta de un examen exhaustivo de los tipos de casos que han gestionado ha generado críticas dentro y fuera de la organización. «Si hubiéramos sabido esta información, nunca la hubiéramos inscrito como candidata», afirmaron miembros de la directiva del partido, reafirmando su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia.
Por su parte, el Partido Libertario Nacional ha confirmado que está investigando la situación de Ly Fumey, permitiéndole ofrecer sus explicaciones antes de que se tome una decisión formal al respecto. A medida que sigue creciendo la indignación pública y los cuestionamientos acerca de su nombramiento al frente de la Comisión de Seguridad, el desenlace de esta controversia podría tener implicaciones significativas para el futuro político de Ly Fumey y para la confianza pública en las instituciones regionales.
