La abogada Valeria Paredes, esposa del diputado de Renovación Nacional (RN) Mauro González, ha presentado su renuncia a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en medio de una controversia que ha captado la atención de la opinión pública. Su salida se produjo tras ser identificada en un informe de la Contraloría General, que señaló el uso irregular de licencias médicas asociadas a viajes al extranjero. Según el medio Publimetro, Paredes figura en un listado de funcionarios que, durante un permiso médico, viajaron a Bariloche, Argentina, en el año 2023, alegando una licencia por salud mental tras el nacimiento de su hija.
El diputado Mauro González defendió la decisión de su esposa al afirmar que su renuncia a la Junji fue «voluntaria». En su declaración, aseguró que el proceso administrativo relacionado con las licencias médicas debe llevarse a cabo «sin distinciones», dejando claro que todos deben responder por sus actos. Esta situación se inscribe en una investigación más amplia que ha destapado un escándalo, con más de 25.000 funcionarios públicos que habrían utilizado licencias médicas para abandonar el país, una práctica que ha provocado la indignación del público y las autoridades.
Dentro de este contexto, la Junji se destaca como la institución con el mayor número de irregularidades, con un total de 2.280 casos reportados, según datos proporcionados por la Contraloría. La asociación gremial de Junji (Aprojunji) ha expresado su condena hacia estos abusos, pero también ha pedido cautela para no estigmatizar a los más de 23.000 trabajadores que conforman la institución. En su comunicado, enfatizaron la necesidad de implementar medidas como licencias electrónicas, que buscan aumentar la transparencia en el sistema de permisos médicos.
Además de la Junji, otras instituciones también se han visto involucradas en este escándalo. La Fundación Integra, por ejemplo, reporta 1.934 casos de uso irregular de licencias médicas. Asimismo, el informe revela que las municipalidades de Arica y Puerto Montt, así como el Instituto de Previsión Social, aparecen en la lista con un récord significativo de irregularidades. Cada uno de estos casos resalta la urgencia de reformar los procedimientos y sistemas que rigen el uso de licencias médicas en el ámbito público.
La situación en torno a las licencias médicas también ha generado un debate sobre la gestión de recursos públicos y la responsabilidad de los funcionarios. La Contraloría, al destapar este escándalo, ha puesto presión sobre las instituciones para que se tomen medidas que eviten abusos similares en el futuro. La administración pública, especialmente en el ámbito de la salud y la infancia, enfrenta un momento crítico en el que se requiere no solo una mayor vigilancia, sino también un compromiso renovado con la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública.
