Una reciente fiscalización documental y digital realizada por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ha arrojado resultados alarmantes en el cumplimiento de la Ley Pro Consumidor por parte de diversas Instituciones de Educación Superior (IES) en Chile. Según el informe del organismo, un sorprendente 70% de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica no están cumpliendo con el derecho de los estudiantes y exestudiantes a recibir, de manera gratuita, certificados que acrediten sus estudios, notas y estado de deuda, tal como lo estipula la Ley N° 21.398.
La Ley Pro Consumidor establece claramente que las instituciones educativas deben entregar certificados como los de estudios, notas y estado de deuda, sin costo alguno para los solicitantes, sean estos alumnos, exalumnos o personas que hayan interrumpido sus estudios. Dichos certificados pueden ser solicitados hasta en dos ocasiones durante el año y deben ser emitidos en un plazo máximo de diez días hábiles. Esta normativa no solo busca resguardar los derechos de los estudiantes, sino también promover la transparencia y equidad en el acceso a la educación.
La fiscalización llevada a cabo por el SERNAC abarcó un total de 111 instituciones de educación superior en todo el país, incluyendo 52 universidades, 27 institutos profesionales y 32 centros de formación técnica. Sin embargo, los resultados fueron desalentadores: el organismo fiscalizador encontró que un 70% de las entidades no cumplió con la normativa vigente, ya sea por omitir información sobre acceso a los certificados o por exigir pagos indebidos. Además, un 18% de las instituciones permite el acceso, pero los procedimientos son tan complicados que dificultan la obtención fluida de la información requerida.
El SERNAC identificó varias falencias en los sitios web de las IES. Entre las más destacadas se encuentra la falta de información clara respecto a la gratuidad de los certificados, la inexistencia de accesos directos a la información en las páginas principales de las instituciones, y la dependencia de la intranet para realizar las solicitudes, lo que limita aún más el acceso de los usuarios. Adicionalmente, se observó una deficiente comunicación a través de asistencias virtuales, así como una falta de transparencia en los costos y procedimientos.
Como respuesta a esta situación, el SERNAC ha emitido un oficio circular dirigido a todas las instituciones evaluadas, recordándoles sus obligaciones legales y subrayando la importancia de garantizar el acceso transparente a los documentos. Por otro lado, los antecedentes fueron enviados a la Superintendencia de Educación Superior (SES), que se encargará de monitorear el cumplimiento de la ley por parte de las instituciones. El SERNAC ha anunciado futuras fiscalizaciones para verificar si se implementan las correcciones necesarias y ha instado a los estudiantes afectados a presentar denuncias a través de su Portal del Consumidor y otras plataformas disponibles.
