La Ley Mordaza Salmonera ha generado una ola de preocupación entre organizaciones ambientalistas y defensores de derechos humanos, quienes ven en el proyecto de ley (Boletín 15643-06) una amenaza directa a su labor. Ecoceanos denuncia que esta iniciativa, promovida por la industria salmonera y respaldada por diputados como Miguel Ángel Calisto, busca forzar a las ONGs a renovar su estatus legal cada año, en un intento de ejercer un control más estricto sobre sus actividades. Este movimiento es percibido como un ataque velado a los derechos de las comunidades indígenas y a la defensa del medio ambiente, bajo el pretexto de fomentar la transparencia y la probidad.
El diputado Calisto ha tratado de justificar el proyecto afirmando que algunas organizaciones ocultan propósitos negativos detrás de discursos engañosos, especialmente en su oposición a la expansión de la industria salmonera en territorios indígenas. Sin embargo, para Ecoceanos, las verdaderas intenciones de este proyecto son claras: silenciar a quienes se oponen a una actividad que ha demostrado ser perjudicial para los ecosistemas locales. Además, estos intentos de control estarían orquestados por líderes de empresas salmoneras con antecedentes en la sobreproducción ilegal, lo que añade un tono de hipocresía a sus argumentos sobre la necesidad de regulación.
La nueva legislación también tendría repercusiones sobre el Acuerdo de Escazú, el cual fue ratificado por Chile en 2022 con el fin de proteger a aquellos que defienden el medio ambiente y garantizar el acceso a la información. A pesar de su aprobación, organizaciones civiles enfatizan que el proyecto de ley en cuestión minaría los derechos establecidos en este acuerdo, comprometiendo la seguridad de los defensores ambientales en un contexto ya frágil, como lo ejemplifica la desaparición de Julia Chuñil Catricura, una reconocida activista mapuche. El incumplimiento de los protocolos de este acuerdo por parte del Estado es grave, puesto que se supone que debería proporcionar un entorno seguro para el activismo social.
A medida que el proyecto avanza en el Senado, Ecoceanos ha señalado que las empresas involucradas, como AquaChile y Blumar, continúan operando sin castigo a pesar de las multas recibidas por sobreproducción. La impunidad de estas compañías, que tienen un papel significativo en la política pública, indica un sistema donde el interés empresarial predomina sobre la protección del medio ambiente. Esto alimenta la percepción de que la propuesta legislativa es parte de una estrategia deliberada para deslegitimar a los movimientos sociales que luchan por la justicia ecológica, lo que podría sentar un precedente peligroso para los derechos humanos en el país.
Con la amenaza de este proyecto de ley en el horizonte, las organizaciones sociales están instando a la movilización y la defensa de los derechos ambientales. La convocatoria es clara: frenar lo que muchos consideran un «intento de silenciar las voces críticas» y asegurar la plena implementación del Acuerdo de Escazú. La lucha por la justicia ambiental no solo es una batalla por los ecosistemas, sino también un pilar fundamental de la democracia, en un momento en que las voces de la sociedad civil son más necesarias que nunca. Para acceder al informe completo de Ecoceanos y conocer en detalle las implicancias del proyecto de ley, se invita a los interesados a visitar el enlace proporcionado en su publicación.
