El 29 de abril, la Comisión de Intereses Marítimos del Senado despachó en particular la moción que introduce modificaciones significativas a la ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche, la cual es crucial para la protección de los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios sobre los Espacios Costeros Marinos. En una reciente sesión, se aprobó por mayoría la propuesta que, tal como señalaron sus autores, tiene como propósito “perfeccionar su implementación”. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que esta reforma fue discutida sin la presencia o la participación activa de las comunidades indígenas, lo que plantea serias dudas sobre la representatividad y la inclusividad del proceso legislativo.
La reunión de la Comisión fue liderada por el senador David Sandoval y, durante su transcurso, se aprobó una serie de enmiendas controversiales. Entre ellas se destaca la afirmación de que la asignación de espacios costeros marinos a los pueblos originarios no obstaculizará el desarrollo de otras actividades permitidas bajo la normativa vigente. Este tipo de modificaciones ha generado preocupación entre las comunidades, ya que muchos sienten que sus derechos podrían quedar subordinados a intereses industriales, particularmente en el contexto de la presión ejercida por la industria salmonera, que ha cuestionado la eficacia y la claridad de la Ley Lafkenche.
La industria salmonera ha argumentado que la Ley Lafkenche ha generado incertidumbre y conflictos, llevando a algunos de sus líderes a solicitar una revisión exhaustiva de la normativa. Por ejemplo, Loreto Seguel, directora del Consejo del Salmón, ha manifestado su intención de respaldar instancias que busquen mejorar la ley y evitar abusos en su aplicación. Sin embargo, muchos en las comunidades indígenas consideran que esta postura es un intento de deslegitimar un marco jurídico esencial que protege sus derechos y sustenta su forma de vida tradicional en los territorios marítimos.
Expertos y académicos han indicado que los problemas que enfrenta la Ley Lafkenche no derivan de su contenido, sino de una implementación ineficiente por parte del Estado. La especialista Lorena Arce advirtió que las modificaciones propuestas podrían abrir la puerta a cambios más radicales que amenazarían la estabilidad de los derechos indígenas. Según ella, las demoras en la tramitación de solicitudes de Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) se manifiestan principalmente debido a la ineficiencia de instituciones como la CONADI, no por defectos en la ley misma.
La respuesta de las comunidades indígenas a las reformas propuestas ha sido contundente. Durante el Congreso Lafkenche, con la participación de más de 200 representantes, se resaltó que la Ley Lafkenche es fundamental para coordinar actividades en el borde costero y administrar colectivamente los espacios de uso común. Asimismo, han rechazado las campañas de desinformación que pretenden deslegitimar la ley y sus beneficios, destacando la importancia de armonizar los intereses económicos con la conservación del medio ambiente y la biodiversidad. De este modo, la discusión sobre la Ley Lafkenche se ha convertido en un eje central en la defensa de los derechos de los pueblos originarios frente a la creciente presión del sector salmonero y otros intereses comerciales.
