El pasado martes 22 de abril de 2025, en el contexto del Día Mundial de la Tierra, distintas organizaciones socioambientales y ecologistas de Chile se unieron para expresar su enérgico rechazo al proyecto de Ley de Autorizaciones Sectoriales, conocido como «Ley de Permisología». Este colectivo, que aglutina a 212 organizaciones, presentó una carta al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, demandando la retirada de esta iniciativa legislativa. La entrega de la misiva tuvo lugar en distintos puntos del país, destacándose la oficialización en el Palacio La Moneda y la Delegación Presidencial de La Araucanía, donde diversos actores expresaron su preocupación por la inminente tramitación de estas leyes que, según argumentan, representan un retroceso en la protección ambiental y en los derechos de las comunidades.
La carta, organizada por la Asamblea Ecologista de Chile, subraya la importancia de reconsiderar el proyecto presentado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que busca reducir significativamente los tiempos de autorización de proyectos de inversión. El ministro Nicolás Grau ha defendido la propuesta, que promete acortar los plazos entre un 30% y un 70%, argumentando que esto incentivará la inversión. Sin embargo, muchos ecologistas sostienen que tales medidas solo facilitarán la aprobación de proyectos sin el adecuado escrutinio ambiental, permitiendo que empresas comiencen su ejecución con meras declaraciones juradas y sin los permisos completos.
En la movilización posterior a la entrega de la carta, que se realizó frente al Palacio de La Moneda, varios miembros de organizaciones ambientales hicieron un llamado contundente a la administración Boric, acusando una «motosierra ambiental» frente a la naturaleza. La moderadora Camila Zárate, del Movimiento por el Agua y los Territorios, cuestionó la contradicción de un gobierno que se presenta como ecologista pero que impulsa leyes que benefician a grandes empresarios en detrimento del medio ambiente, subrayando la gravedad de la situación actual, y la necesidad de que la prioridad sea la protección de los ecosistemas y las comunidades afectadas.
Las preocupaciones sobre la «Ley de Permisología» y la reforma al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no son nuevas. Diversas organizaciones han expresado su alarma en múltiples ocasiones, recordando que hace un año ya se hizo un llamado similar al gobierno para cambiar su rumbo en materia ambiental. La acumulación de solicitudes y declaraciones refleja un panorama de creciente descontento social, donde se exige que las decisiones en torno a proyectos de inversión se realicen con una clara consideración sobre su impacto en el medio ambiente y la salud de las personas.
Según los grupos ecologistas, la actual situación revela falencias en la institucionalidad ambiental de Chile, que no solo han permitido la contaminación y el deterioro de los ecosistemas, sino que también han desdibujado la participación ciudadana en los procesos de evaluación. La concentración de potestades en manos del gobierno y empresarios, en desmedro de los derechos de las comunidades y el cuidado del medio ambiente, se presenta como una seria amenaza a la sustentabilidad en el país. Con el foco en la urgencia de un diálogo real y de decisiones basadas en la ciencia y la justicia social, estas organizaciones continúan movilizándose para frenar lo que consideran un avance de políticas que priorizan el lucro a corto plazo por sobre la salud del planeta y sus habitantes.
