Las empresas de la industria pesquera en Chile están al borde de la confrontación legal y laboral ante la inminente aprobación del proyecto de Ley de Fraccionamiento, diseñado para redistribuir cuotas pesqueras y corregir las regulaciones que otorgan privilegios a los grandes conglomerados heredados de la criticada Ley Longueira. Desde su presentación en septiembre de 2024, el proyecto ha generado un clima de tensión, puesto que empresas como Camanchaca y Blumar, ligadas a familias con poder e intereses transnacionales, están elevando su resistencia mediante amenazas de demandas legales y posibles despidos masivos. La situación no solo confronta a la gran industria con el Estado, sino que también resalta la lucha por la justicia social en el sector pesquero.
El gerente general de Camanchaca, Ricardo García, ha manifestado que la empresa buscará demandar al Estado si el proyecto es aprobado, argumentando que se violarían derechos adquiridos y la confianza legítima en el marco regulatorio. La ley, según sus declaraciones, amenaza la estabilidad de los accionistas, entre ellos las AFP Habitat y Cuprum, lo que podría tener repercusiones en la economía nacional. Esto ilustra cómo las grandes empresas están dispuestas a emplear todas las herramientas legales disponibles para proteger sus intereses, en un marco de creciente escrutinio por parte de la opinión pública.
Por su parte, Blumar advierte que la implementación de esta ley podría poner en peligro unos 6,500 empleos en la región del Biobío y afectar gravemente a 400 pequeñas empresas proveedoras. Gerardo Balbontín, su gerente, calificó la normativa de «ideológica» y anunció la congelación de inversiones, lo que resalta el miedo al desempleo que podría generar la reestructuración del sector pesquero. Mientras tanto, las empresas pesqueras, que en conjunto dominan el 60% del mercado del jurel, están organizando un lobby intenso y coordinado para frenar esta legislación que podría limitar sus beneficios.
Un aspecto preocupante de esta disputa es el impacto humano que tiene en los pescadores artesanales. Recientemente, se reportaron incidentes trágicos, incluida la desaparición de siete pescadores artesanales tras un choque con un buque industrial de Blumar. Este accidente pone de manifiesto la creciente preocupación sobre la seguridad en el mar y la competencia desleal que enfrentan los pescadores más pequeños, marcando un ciclo de vulnerabilidad que se intensifica con la presión de las grandes corporaciones pesqueras. Los líderes de la pesca artesanal han denunciado que estas situaciones riesgosas son una consecuencia directa de la falta de regulación adecuada y las prácticas agresivas de la industria.
El trasfondo de la Ley Longueira y su heredera el proyecto de fraccionamiento va más allá de una simple regulación; es parte de una lucha más amplia contra los oligopolios que se han consolidado a lo largo de los años en el sector pesquero chileno. La ley busca reparar los daños causados por la norma anterior, cuya aprobación estuvo marcada por corrupción y beneficios para un pequeño grupo de familias poderosas. Con el Gobierno y el Congreso frente a un dilema difícil, la resistencia de las empresas muestra las tensiones inherentes entre un modelo extractivista, los intereses económicos y la necesidad de justicia social en un país que ha luchado por equilibrar estos elementos en su desarrollo.
