El pasado 8 de marzo, El Ciudadano dio a conocer una grave denuncia que fue interpuesta el 4 de noviembre de 2024. La acusación de violación pesa sobre Barnachea, un funcionario público, quien sería responsable de agredir a la funcionaria Paulina. A pesar de la seriedad de la acusación, Barnachea fue desvinculado de su puesto mediante un finiquito de 6 millones de pesos, sin que se haya llevado a cabo un sumario administrativo tras la denuncia. Este hecho ha generado numerosas críticas, especialmente por la manera en que se manejó la situación una vez que la denuncia llegó a conocimiento de las autoridades.
El 15 de abril, la tragedia se agudizó con la lamentable muerte de Paulina, quien se suicidó en medio de la angustia provocada por la situación. El concejal Fernando Encina, presente en su funeral, se reunió con los hijos de Paulina, quienes mostraron su intención de continuar la lucha legal en nombre de su madre. Encina expresó que la hija mayor de Paulina le otorgó autorización para utilizar su nombre en la búsqueda de justicia, reflejando así la determinación de la familia de no dejar este caso impune.
Antes de su fallecimiento, Paulina había contactado a Encina en busca de apoyo, revelando el estado crítico en el que se encontraba tras la denuncia y su posterior desvinculación. El concejal, preocupado por la situación, solicitó documentaciones sobre el despido de Barnachea a la Corporación de Deportes mediante la administración municipal. Sin embargo, se enfrentó a una fuerte resistencia para obtener la información requerida, lo que pone de manifiesto la falta de transparencia en el manejo del caso.
Recientemente, Encina informó que, tras elevar un reclamo a la Contraloría General de la República, logró obtener los documentos solicitados hace más de seis meses. Esta situación ha puesto de relieve la burocracia y la falta de respuestas inmediatas ante las denuncias de abuso en el entorno laboral. La obtención de estos documentos es un avance significativo en la búsqueda de justicia, pero también expone la ineficiencia y los obstáculos en el sistema público ante casos de violencia de género.
Finalmente, el concejal Encina solicitó al alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), la desvinculación inmediata de Juvenal Olmos, quien permanece en su cargo a pesar de la gravedad del asunto. La familia de Paulina ha iniciado contacto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para recibir apoyo legal y psicosocial en su búsqueda de justicia. La situación de Paulina ha reabierto el debate sobre la igualdad de género y la protección de las víctimas en el contexto laboral, enfatizando la necesidad de reformas urgentes en la gestión de denuncias.
