La jueza Irene Rodríguez Chávez se encuentra en el centro de una controversia luego de que se revelara que se quedó dormida durante una audiencia clave relacionada con el homicidio del conocido empresario, apodado el «Rey de Meiggs», en Ñuñoa. La situación se produjo el 9 de julio, cuando la magistrada perdió el hilo de las exposiciones del fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). Este hecho obligó al fiscal a repetir su intervención, un incidente que ha generado preocupación sobre la capacidad de la jueza para llevar a cabo su labor de manera efectiva.
El caso ha cobrado notoriedad no solo por el lamentable episodio de la siesta en la sala, sino también por la posterior liberación de uno de los sicarios implicados en el homicidio, Osmar Alexander Ferrer Ramírez. Este acto desató críticas tanto en el ámbito legal como en la opinión pública, que cuestionan la transparencia y la competencia del sistema judicial en cuanto a la liberación de individuos con antecedentes delictivos graves. En este contexto, la jueza Rodríguez ha sido apodada “tuto”, un nombre que ha circulado en redes sociales y que ha alimentado la controversia.
En un intento por defender su actuación, la jueza Rodríguez declaró: «Me declaro inocente en ese sentido», refiriéndose a las críticas por el manejo de la audiencia y la decisión de liberar al sicario. A pesar de su defensa, es notable que Rodríguez evitó comentar sobre las rectificaciones realizadas el mismo día de la audiencia, lo que ha llevado a muchos a cuestionarse la prisa con que se emitieron las tres resoluciones en un corto lapso de tiempo, entre las 20:17 y las 20:28 horas. La falta de claridad y la rapidez de dichas decisiones han exacerbado la polémica en torno a su papel en el caso.
Durante la formalización de la investigación, el tribunal decidió imponer prisión preventiva a los tres imputados, fijando un plazo de 120 días para su desarrollo. Este fallo fue el resultado de un caso que implicaba fuertes delitos como el homicidio calificado y el robo con intimidación, lo que hace aún más grave el hecho de que uno de los implicados haya logrado salir en libertad. La situación ha encendido el debate sobre la responsabilidad de los jueces y el respeto a la legalidad en procedimientos tan delicados.
La atención mediática sobre este caso continúa creciendo, alimentada tanto por la actuación de la jueza como por las acciones del Ministerio Público. El equipo de ECOH formalizó a tres venezolanos por el homicidio que afectó al empresario, y su labor ha de ser juzgada con rigor ante las críticas que han surgido respecto a la administración de justicia en el país. El escándalo ha planteado interrogantes sobre las condiciones de trabajo de los jueces, la presión mediática y pública en estos casos, y lo más importante, la integridad de un sistema cuya misión es asegurar la justicia.
