El reciente escándalo de corrupción que involucra al diputado Joaquín Lavín León ha sacudido el ámbito político chileno, ya que fue citado a declarar ante el Ministerio Público en calidad de imputado. Este llamado a declarar se dio en virtud de que, a pesar de su fuero parlamentario, Lavín decidió presentarse de manera voluntaria tras recibir la citación, señalando su disposición a colaborar con las investigaciones. La Fiscalía Oriente está indagando su posible implicación en delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible, relacionados con una serie de servicios que, según las sospechas, nunca habrían sido ejecutados.
El contexto de la causa contra Lavín León se complica aún más al estar vinculada a las acusaciones que pesan sobre su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien también enfrenta serias acusaciones de corrupción durante su gestión en la municipalidad. Este entramado familiar ha llamado la atención no solo de las autoridades, sino también de los medios de comunicación. En este sentido, es relevante recordar las diligencias que se llevaron a cabo en octubre del año pasado, cuando se efectuaron allanamientos en la oficina del diputado en el Congreso y en su hogar en Peñaflor, donde se incautaron dispositivos electrónicos y documentos que podrían estar relacionados con las irregularidades en cuestión.
Las facturas en la mira son uno de los aspectos centrales de la investigación y pertenecen a servicios que supuestamente estaban vinculados a la conocida Ley Cholito. Se estima que estas facturas podrían superar los $15 millones, lo que ha llevado a la Fiscalía a solicitar un peritaje contable para determinar la veracidad de los documentos presentados por Lavín al Congreso. Este informe es crucial, ya que sus hallazgos podrían motivar al Ministerio Público a solicitar el desafuero del diputado, lo que permitiría avanzar hacia una posible prisión preventiva, en caso de que las evidencias sean concluyentes.
En un giro significativo del caso, en febrero de este año, Joaquín Lavín León restituyó aproximadamente $7 millones al Congreso, argumentando que estas devoluciones estaban relacionads con las facturas cuestionadas. Sin embargo, a pesar de este gesto, el diputado mantuvo que las imputaciones en su contra serían aclaradas en su debido momento. Este hecho ha generado opiniones divididas, donde algunos ven la restitución como un intento de limpiar su imagen y otros lo interpretan como un reconocimiento implícito de los posibles delitos.
A medida que avanza la investigación, la situación de Joaquín Lavín León se presenta como una prueba no solo de su carrera política, sino también de la percepción de la corrupción en la política chilena. La ciudadanía espera respuestas claras y una solución a este caso que podría sentar un precedente en el tratamiento de la corrupción en las instancias políticas del país. Las próximas semanas serán decisivas, especialmente con el avance del peritaje contable y las decisiones que tome el Ministerio Público respecto a la solicitud de desafuero.
