En un impactante informe publicado recientemente por The Clinic, se reveló que un tribunal ha autorizado visitas de niñas del Sename a la casa de Gastón Pinochet, actual ministro del Tribunal Electoral del Maule e imputado por abuso sexual infantil. Esta situación ha generado un fuerte rechazo entre diversos sectores políticos y sociales, considerando la gravedad de la implicación de un funcionario público en delitos tan graves. La noticia se suma a una serie de denuncias que evidencian la falta de protección efectiva para los menores pertenecientes al sistema de protección estatal.
La diputada Ana María Gazmuri, de Acción Humanista, ha expresado su preocupación y tristeza ante estos acontecimientos. En sus declaraciones, Gazmuri lamentó que no haya existido una respuesta adecuada por parte de las instituciones, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por grupos de defensa de derechos de la infancia y medios de comunicación como El Ciudadano, que ha estado investigando durante meses los vínculos de Pinochet con el Sename. «Lo dijimos en Sala, lo expusimos en la Comisión Investigadora del Servicio Mejor Niñez, lo denunciamos en televisión. No fue falta de información: fue falta de voluntad para actuar», enfatizó la parlamentaria.
El trabajo del equipo de investigación de El Ciudadano ha sido crucial para destapar las conexiones de Pinochet con residencias del Sename y su papel en la Corporación de Ayuda a la Familia. Este tipo de revelaciones son fundamentales en un contexto donde la protección de la infancia es prioritaria y donde deberían existir protocolos rígidos para asegurar el bienestar de los menores. Gazmuri reconoció abiertamente el esfuerzo del medio, al señalar que gracias a sus investigaciones se conocieron las imputaciones en contra de Pinochet, que incluyen violación, abuso sexual infantil y producción de pornografía infantil.
La contundente denuncia realizada por Gazmuri no se limita únicamente a la acusación contra Pinochet, sino que se expande a la inacción del Estado y del sistema judicial. Al confirmar que un tribunal avaló que niñas vulneradas pudieran tener contacto con un imputado por delitos graves, se evidencia una falla sistémica que pone en riesgo a los menores a quienes debería salvaguardarse. La diputada hizo un llamado a asumir responsabilidades políticas, administrativas y judiciales para que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir.
Finalmente, la diputada Ana María Gazmuri reiteró su firme compromiso con la defensa de los derechos de la niñez. Con su denuncia, busca no solo justicia para las víctimas, sino también instar a una reformulación de las políticas de protección infantil en Chile. «No podemos seguir tolerando que el sistema falle una y otra vez con los más indefensos», concluyó, marcando un llamado a la acción urgente para repensar y fortalecer los mecanismos de protección infantil en el país.
