La Contraloría General de la República ha realizado un hallazgo alarmante al detectar que más de 106 mil funcionarios municipales en Chile no están registrados oficialmente en el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (SIAPER), a pesar de que recibieron remuneraciones u honorarios de diversas municipalidades entre 2022 y 2023. Este descubrimiento surge de un exhaustivo análisis de datos que pone en evidencia una falta de transparencia y control en la gestión de recursos humanos por parte de varias municipalidades del país.
A través de un Plan de Monitoreo y Control Municipal, la Contraloría implementó estrategias para verificar el cumplimiento de las normativas laborales y administrativa. Además, se llevó a cabo un análisis comparativo entre las declaraciones de renta presentadas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y los registros del SIAPER. Los resultados de esta iniciativa han revelado que, de las 345 municipalidades que operan en el territorio nacional, 231 han cumplido correctamente con el procedimiento de registro correspondiente.
Entre los datos sorprendentes se encuentra que un 43% de los actos administrativos relacionados con la contratación de funcionarios no tienen registro en la plataforma SIAPER. Los municipios que encabezan la lista de este problema son Arica, Caldera y Huara, donde la falta de inscripción de personal es más significativa, lo que pone en riesgo tanto la legalidad de los pagos como la correcta rendición de cuentas en la administración pública.
Los municipios de Santiago, Talcahuano y El Bosque se destacan no solo por su tamaño, sino también por ser los que presentan la mayor cantidad de personas no registradas en el sistema. Este fenómeno plantea serias interrogantes sobre las prácticas de contratación y la gestión administrativa de estas comunas, así como la posibilidad de una evasión sistemática de las normativas laborales que deberían regular la relación laboral entre los municipios y sus funcionarios.
La Contraloría, como ente fiscalizador, tiene el deber de asegurar que las municipalidades operen dentro del marco legal, garantizando la correcta administración de los recursos públicos. Esta situación no solo afecta a los funcionarios no registrados, quienes podrían estar en una situación laboral irregular, sino que también compromete la confianza de los ciudadanos en sus autoridades locales. A medida que la Contraloría avanza en sus investigaciones, se espera que se tomen medidas para regularizar estas contrataciones y mejorar la transparencia en la gestión municipal.
