El Gobernador Regional de La Araucanía, René Saffirio, ha encendido alarmas al calificar de «fraude eventual colosal» las irregularidades reveladas por la Contraloría General de la República en la administración de su predecesor, Luciano Rivas. Este pronunciamiento se produce tras la publicación de un informe que examina el manejo de recursos públicos entre enero y septiembre de 2024 en diversas regiones del país, donde más de $70.000 millones están bajo la lupa, de los cuales $44.000 millones corresponden específicamente a su región. Saffirio, visiblemente preocupado, enfatizó que este problema es una reafirmación de las denuncias que él y su equipo hicieron desde antes de asumir el cargo, apuntando a un sistema en el que la probidad fue desatendida en gran medida.
Durante su intervención, Saffirio destacó que las irregularidades en La Araucanía son especialmente alarmantes, mencionando específicamente que el exgobernador se encuentra declarando como imputado por el manejo de fondos de una fundación con un monto que asciende a $2.000 millones. Este escándalo que sacude al gobierno regional no solo pone en tela de juicio la gestión administrativa anterior, sino que también genera un grave daño a la credibilidad de las instituciones públicas en la región. Según las cifras proporcionadas por la Contraloría, los $44.000 millones investigados en su jurisdicción reflejan una situación crítica que requiere una respuesta contundente por parte de las autoridades competentes.
El informe de la Contraloría ha revelado una serie de irregularidades que afectan flagship de la administración anterior: desde contrataciones de asesorías comunicacionales sin el debido concurso hasta la adjudicación de contratos de servicios mediante trato directo, sin ninguna justificación válida. Estas prácticas, que contravienen los principios de transparencia y probidad, son lamentables en un contexto donde se espera que los recursos públicos sean gestionados con la máxima ética y responsabilidad. Las diversas irregularidades identificadas enfatizan la necesidad urgentemente de revisar y corregir los protocolos de contratación y gestión de recursos.
Saffirio ha manifestado su firme deseo de que las instituciones del Estado actúen rápidamente para abordar este escándalo. Con la declaración del exgobernador como imputado, el Gobernador de La Araucanía espera que se implementen las medidas judiciales y administrativas necesarias para sancionar estos actos de corrupción. «No puede haber impunidad», declaró, insistiendo en que la legitimidad y credibilidad de la administración regional deben ser restauradas. El impacto de esta situación es profundo, pues afecta no solo a la gestión pública, sino también la confianza de los ciudadanos en un órgano gubernamental que debería ser pilar en el desarrollo de la región.
Finalmente, el Gobernador Saffirio ha resaltado los esfuerzos de su administración por avanzar en un sumario interno, el cual se encuentra en su fase de cierre. Consciente de la gravedad de los hechos, afirma que se definirán acciones penales a seguir una vez que se concluya el proceso. Saffirio enfatiza que su gobierno también ha colaborado con el Ministerio Público y presenta esperanza de que, pronto, se tomen decisiones que favorezcan la rectificación de lo acontecido. «Necesitamos enfocarnos en lo que vinimos a hacer: desarrollar la región, generar empleo y promover el crecimiento», concluyó, dejando en claro que el futuro de La Araucanía debe centrarse en la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.
