Durante la tarde de este día, el Tribunal de Talca tomó una decisión relevante al revocar la prisión preventiva del diputado desaforado Francisco Pulgar, quien enfrenta serias acusaciones por delitos reiterados de violación y abuso sexual a menor de 14 años. La noticia ha generado una fuerte reacción entre los sectores involucrados, ya que la magnitud de las acusaciones contra el parlamentario ha conmocionado a la opinión pública y ha suscitado un debate intenso sobre la justicia y la protección de los menores en el país.
Sin embargo, la decisión del Tribunal no fue bien recibida por la Fiscalía del Maule, que rápidamente expresó su desacuerdo. En respuesta, la Fiscalía presentó una apelación a esta resolución, la cual se llevará a cabo mañana en la Corte de Apelaciones de Talca. Este nuevo desarrollo legal indica que la situación de Pulgar sigue siendo incierta y que las autoridades judiciales están tomando medidas para asegurar que se haga justicia en este caso tan delicado.
A pesar de la revocación de la prisión preventiva, Francisco Pulgar permanecerá encarcelado hasta que la Corte de Apelaciones tome una decisión sobre la apelación presentada por la Fiscalía. Esto significa que, por el momento, el exdiputado no podrá salir en libertad y deberá esperar la determinación judicial que podría cambiar su situación en los próximos días. Las resoluciones de los tribunales se mantienen bajo el escrutinio público, generando expectación sobre el proceso judicial que rodea este polémico caso.
Es importante mencionar que durante su tiempo en prisión, Pulgar inició una huelga de hambre, alegando ser un «preso político». Este tipo de declaraciones han levantado cuestionamientos en torno a la naturaleza de las acusaciones y la percepción que tiene el parlamentario sobre su situación legal. Su defensa ha tratado de enmarcar su situación en un contexto de persecución política, algo que ha sido rechazado categóricamente por las víctimas y sus representantes legales.
A medida que se acerca la audiencia en la Corte de Apelaciones, las miradas de la sociedad y los medios de comunicación están fijas en este caso. La protección de los menores y la respuesta del sistema judicial ante delitos de esta gravedad son temas de crucial importancia, y muchos esperan que la Corte tome una decisión que no solo tenga en cuenta los derechos del acusado, sino también el bienestar y la justicia para las víctimas. La sociedad civil continúa abogando por un proceso transparente y justo que dé respuesta a las denuncias que han sacudido la región.
