El director de El Faro, Carlos Dada, ha levantado la voz y alertado sobre la inminente amenaza que pesa sobre los periodistas de su medio. La Fiscalía General de El Salvador, bajo la administración de Nayib Bukele, ha sido acusada de buscar órdenes de captura contra estos profesionales por la publicación de una impactante entrevista con un líder de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios. Esta entrevista reveló supuestos pactos entre el gobierno de Bukele y grupos criminales, desatando una tormenta mediática y política. La situación ha despertado el interés de organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, que están observando de cerca los acontecimientos en el país centroamericano, en especial ante los potenciales ataques a la libertad de prensa.
La investigación llevada a cabo por El Faro incluye testimonios explosivos y vídeos donde miembros de la pandilla confirman la existencia de negociaciones entre el gobierno y el crimen organizado. A pesar de su gravedad, el gobierno de Bukele no ha proporcionado respuestas claras a las acusaciones, lo que ha tomado un giro inesperado en redes sociales, donde Bukele insinuó que las críticas y preocupaciones de las ONGs y medios de comunicación responden a motivos políticos y económicos. Este fenómeno plantea serias dudas sobre la transparencia y la ética del actual gobierno, especialmente cuando se cuestiona su política de mano dura contra el crimen.
Un caso particular que ha emergido en medio de esta controversia es el de Carlos Alberto Cartagena López, alias Charli, un alto mando de la pandilla Barrio 18. Documentos obtenidos por la agencia Connectas sugieren que Charli, a pesar de ser detenido durante el régimen de excepción, fue liberado rápidamente por «órdenes superiores», lo que pone de manifiesto las conexiones entre el crimen organizado y ciertos sectores del gobierno. Este escándalo es aún más alarmante, considerando que Charli enfrenta serias acusaciones de homicidio y extorsión, lo que resalta las contradicciones en la estrategia de seguridad de Bukele.
Mientras el gobierno se jacta de haber detenido a más de 85,000 pandilleros como parte de su política de seguridad, las revelaciones sobre Charli y otros pactos con pandillas llevan a cuestionar la coherencia y eficacia de estas tácticas. La instrumentalización de las pandillas no solo despierta preocupaciones sobre los derechos humanos en El Salvador, sino que plantea serias interrogantes sobre la lucha del gobierno contra el crimen. Organismos internacionales como Human Rights Watch han expresado su preocupación por estas violaciones y por la posible manipulación de las pandillas para fines políticos.
La atención mediática en torno a El Salvador está creciendo, con reportajes como los de El Faro y Connectas que agravan la presión sobre el gobierno de Bukele. A medida que siguen emergiendo testimonios y documentos que refuerzan la narrativa de complicidad entre bandas criminales y funcionarios del gobierno, la falta de respuesta clara por parte de Bukele genera una atmósfera de desconfianza entre los salvadoreños. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue monitoreando estos desarrollos que podrían determinar no solo el futuro de la libertad de prensa en El Salvador, sino también la estabilidad política y social del país.
