La Fiscalía Nacional ha decidido remover al fiscal Patricio Cooper de la investigación en el caso ProCultura, un expediente que se centra en presuntos delitos graves como el fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible y tráfico de influencias. Esta decisión se produce en un momento crítico, donde el escrutinio público sobre la gestión de fondos y recursos del estado se encuentra en el centro del debate nacional. El caso ha capturado la atención de la ciudadanía, ya que se trata de un organismo que recibe financiamiento estatal y es necesario garantizar la transparencia en su administración.
La remoción de Cooper de la investigación viene tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió un recurso de amparo interpuesto por Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, fundador de ProCultura. La corte determinó que las interceptaciones telefónicas, conocidas como «pinchazos», realizadas a la psiquiatra por el Ministerio Público eran ilegales, invalidando así el material recabado que contenía conversaciones entre Huneeus y el Presidente Gabriel Boric. Este giro no solo afecta a la defensa de Huneeus, sino que también plantea interrogantes sobre el uso de técnicas de investigación por parte del Ministerio Público.
Desde la Fiscalía Nacional se comunicó que esta decisión se toma en resguardo del interés público y en alineación con los principios rectores que deben guiar la actuación del Ministerio Público. La Fiscalía subrayó que su compromiso es garantizar el cumplimiento estricto de la ley y asegurar que los procesos legales sean justos. Este mensaje busca restaurar la confianza en el sistema de persecución penal, que ha sido objeto de numerosas críticas por sus procedimientos y decisiones en casos de gran relevancia.
El caso ProCultura ha generado un amplio debate en la ciudadanía sobre la necesidad de reformas en el sistema judicial y la protección de los derechos individuales. Muchas voces se han alzado en favor de una mayor transparencia en la gestión pública y un control más riguroso sobre las prácticas del Ministerio Público. Mientras tanto, la salida de Cooper podría ser vista como un intento de limpiar la imagen de la Fiscalía en medio de un contexto legal cada vez más complejo.
Por último, la Fiscalía de Antofagasta recibirá la acusación del caso, lo que sugiere que las investigaciones continuarán bajo nueva dirección. Este cambio plantea un nuevo escenario en la indagación de los presuntos ilícitos cometidos por ProCultura y sus involucrados. La evolución de este caso y su impacto en la percepción pública del sistema judicial será observado con atención en los próximos meses.
