El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió en defensa del ministro de Vivienda, Carlos Montes, ante las críticas de la Unión Demócrata Independiente (UDI) tras el anuncio de una expropiación parcial del terreno ocupado por la megatoma de San Antonio. Esta postura ha generado un fuerte debate político, donde La UDI ha señalado que la decisión del Gobierno podría ser interpretada como un incentivo para futuras usurpaciones de tierras. El jefe de bancada gremialista, Henry Leal, calificó la medida de «incentivo perverso» y con ello encendió la controversia sobre la legalidad de la acción del Ejecutivo.
Elizalde, en su defensa, enfatizó que aunque existan diferencias políticas, eso no implica que haya ilegalidad o inconstitucionalidad en la decisión tomada. Al respecto, el ministro aclaró que el Gobierno actúa dentro del Estado de derecho, asegurando que la expropiación es una herramienta legal prevista para situaciones en que no se logran acuerdos voluntarios con los propietarios de los terrenos. Por lo tanto, reafirmó que cualquier expropiación realizada contará con las debidas indemnizaciones, tal como lo establece la normativa vigente.
Además, Elizalde destacó la importancia de utilizar los recursos presupuestarios asignados para el año 2025, que no han sido ejecutados en otros proyectos, en la urbanización de las 100 hectáreas del campamento Cerro Centinela. Este plan incluye la implementación de calles, servicios básicos y equipamiento comunitario, lo que refleja un compromiso del Ministerio de Vivienda en mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la megatoma. La inversión en infraestructura es crucial para garantizar un entorno adecuado y facilitar la integración de estas comunidades.
Frente a las críticas sobre la expropiación, Elizalde pidió a la oposición una mirada más objetiva y menos política en torno al tema. Subrayó que la expropiación se desarrolla bajo todas las garantías legales y es parte de un proceso que busca resolver una situación compleja de ocupación irregular de tierras. La defensa del ministro se basa en la premisa de que es posible actuar en favor de las comunidades, sin que ello signifique violar las leyes o almorzar con actos delictivos, como lo sugieren sus críticos.
El contexto de esta controversia se enmarca en un escenario donde las tensiones por el acceso a la tierra se han intensificado en el país. La postura del Gobierno, liderada por Elizalde y Montes, busca equilibrar las necesidades de los ciudadanos que habitan en las megatomas con el respeto a la propiedad privada. Con ello, se busca establecer un precedente de gestión gubernamental que priorice la solución a problemas sociales sin recurrir a la criminalización de las acciones del Gobierno, reflejando así la complejidad de la política habitacional en Chile.
