Una investigación llevada a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) ha llevado a la detención de dos individuos vinculados a la almacenamiento y transmisión de contenido de explotación sexual infantil. Los detenidos, que desempeñaban funciones como docentes en diferentes comunas de la Región Metropolitana, fueron identificados gracias a una alerta recibida desde Estados Unidos que activó la intervención de la Unidad de Cibercrimen. Este caso ha estremecido a la comunidad educativa y ha generado una gran preocupación por el potencial riesgo que presentaban al tener contacto directo con niños y adolescentes.
La investigación se centró en detectar las direcciones desde las cuales se realizaban las transmisiones en vivo de contenido ilícito. Con la colaboración de diversas plataformas que registran datos como direcciones IP y fechas de conexión, los detectives lograron identificar con precisión las ubicaciones de los implicados. Las comunas involucradas incluyen Santiago, Conchalí, Maipú, Providencia, La Granja, La Florida y San Miguel, abarcando un amplio espectro dentro de la capital chilena. Esta labor ha sido fundamental para desarticular la red de pedofilia que operaba en línea.
Uno de los detenidos, Juan Pablo Guerrero Ibarra, de 24 años, es profesor de Educación Física y trabajaba como instructor de natación en el Polideportivo de Estación Central. Durante los operativos, se encontraron en su celular un total de 22 archivos con pornografía infantil, así como otros 236 en una aplicación móvil. La municipalidad de Estación Central, donde Guerrero estaba empleado a honorarios, confirmó su vinculación laboral e indicó que se iniciará una investigación interna para esclarecer su participación y los posibles riesgos que esto representa para los niños a su cargo.
El segundo detenido, Tyrone Enrique Núñez Sepúlveda, de 28 años, es profesor de Tecnología en un establecimiento de La Florida. Durante su detención, se le incautaron 72 imágenes y 25 videos de contenido sexual explícito. En una declaración impactante, Núñez admitió los cargos en su contra, comentando: “Sabía que este día iba a llegar. Ya perdí mi trabajo y no podré volver a ejercer.” Sus palabras reflejan el peso de las acusaciones y la gravedad de los delitos que enfrenta, además de las consecuencias que esto conlleva para su vida profesional.
La PDI ha destacado la importancia de la colaboración internacional en este tipo de casos y ha reafirmado su compromiso para combatir la explotación sexual infantil en todas sus formas. La detección y captura de estos individuos es un avance significativo en la lucha contra estos delitos, aunque también subraya la necesidad de seguir vigilantes y mejorar los mecanismos de prevención y educación en las comunidades educativas. Este caso no solo abre una trágica ventana hacia la realidad de la explotación infantil, sino que también invita a la reflexión sobre la responsabilidad que tienen los educadores en la protección de los menores.
