Desde el Gobierno han enfatizado la importancia de la Estrategia Nacional del Litio (ENL), presentada en abril de 2023, como una oportunidad crucial para abordar el cambio climático y la transición energética en Chile. Este enfoque está destinado a generar un impacto significativo en el desarrollo económico y social del país, bajo la premisa de un desarrollo armónico y sostenible que garantice la soberanía. Sin embargo, organizaciones y expertos advierten que, en nombre de aumentar el control estatal sobre la explotación del litio, se ha permitido un proceso que podría vulnerar derechos sociales y ecológicos, acelerando la extracción de este recurso en ecosistemas delicados del norte chileno y perreando los bienes comunes al mercado global.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) ha intensificado su monitoreo sobre la implementación de la ENL, realizando diversas solicitudes de información y seguimiento a las publicaciones oficiales. Su exhaustiva investigación concluyó en un informe titulado «Salares en riesgo. La tramposa estrategia nacional del litio», que alerta sobre los graves impactos socioambientales que podría acarrear esta política, en especial para los salares en el norte de Chile. Los investigadores destacan que la reactivación de proyectos paralizados y la expansión de la frontera extractiva pone en riesgo el equilibrio hídrico de ecosistemas únicos y amenazas para las culturas que dependen de ellos, ya que no se cuenta con una línea base ambiental adecuada para estos territorios.
A pesar de las expectativas generadas por un gobierno que se declaró ecologista y comprometido con causas socioambientales, OLCA hace un balance negativo de la ejecución de la ENL, señalando la falta de un compromiso real para abandonar el modelo de combustibles fósiles. Las negociaciones con empresas privadas y el manejo de los salares como zonas de sacrificio son manifestaciones de que los intereses mineros prevalecen sobre las consideraciones ambientales y sociales. Hasta el momento, el gobierno ha hecho más énfasis en potenciar la extracción que en establecer una estrategia sólida de protección para estos recursos naturales.
El informe de OLCA también critica la creación de una red de salares protegidos, que han calificado como una estrategia comunicacional para facilitar la extracción de litio. Argumentan que si bien se propone proteger el 30% de los salares, en realidad se abre la puerta a la explotación del 70%, lo que contraviene la urgencia de abordar la crisis climática. La estrategia del gobierno es vista como una fachada verde que prioriza intereses económicos sobre la conservación del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales, con un enfoque que se desvanece ante la realidad de la extracción intensiva.
Finalmente, el informe resalta la falta de consultas efectivas a las comunidades afectadas, siendo el proceso de diálogo más un formalismo que una real oportunidad de participación. Testimonios de miembros de comunidades indígenas, como Leyla Noriega, evidencian cómo estos encuentros son escasamente comunicados y organizados en condiciones que dificultan la participación. Ante esta opacidad, OLCA concluye que es vital priorizar la protección de los frágiles ecosistemas y poner fin al modelo de injusticia que ha llevado a la crisis ambiental actual, alertando sobre el peligro de que la ENL se convierta en un instrumento de explotación en vez de un verdadero plan de transición energética.
