Un escándalo por presunto espionaje político ha sacudido a la Municipalidad de Lautaro, luego de la difusión de un video no autorizado captado por cámaras de seguridad municipales. De acuerdo a la información proporcionada por Radio Universal, se ha señalado al alcalde Ricardo Jaramillo como el principal responsable de utilizar estos dispositivos con fines políticos, vulnerando la privacidad de sus propios trabajadores. Las acusaciones han generado un ambiente de desconfianza y tensión en la institución, poniendo en duda la ética y las prácticas administrativas del actual gobierno municipal.
Las revelaciones han apuntado específicamente hacia Daniel Moraga, el director de Seguridad del municipio, quien supuestamente facilitó información sensible al alcalde Jaramillo. Según los reportes, esta información se obtuvo mediante grabaciones clandestinas de conversaciones privadas mantenidas dentro de las oficinas municipales. Los denunciantes afirman que estos registros habrían sido utilizados para fomentar despidos selectivos, lo que representaría una violación grave de los derechos fundamentales de los empleados y habría creado un clima de temor entre el personal.
A pesar de las negaciones rotundas del alcalde Jaramillo ante las acusaciones, la municipalidad ha iniciado un sumario administrativo para investigar las circunstancias que rodean a la grabación y posterior filtración del material. Sin embargo, las voces de exfuncionarios indican que lo que hay detrás de esta situación es una profunda persecución política, con despidos estratégicos motivados por conexiones con el exalcalde Raúl Schifferli. Este contexto ha llevado a testigos a señalar que el mismo Jaramillo habría propuesto instalar cámaras con capacidad de grabar audio, solicitud que fue desestimada por el entonces director jurídico por considerarla ilegal, lo que añade más peso a las sospechas de un sistema de vigilancia irregular.
La denuncia sobre estos actos de espionaje ha permanecido sin respuesta por más de tres meses, ampliando la frustración entre los funcionarios afectados que han presentado sus antecedentes ante el Concejo Municipal. El caso cobró fuerza tras la acción legal emprendida por el empleado Luis Báez, quien exigió justicia por la exposición no consentida de su imagen. Su valiente acción ha motivado a otros empleados a exigir que el Concejo Municipal remita los antecedentes al Contraloría General de la República, instando a que se investigue un posible «notable abandono de deberes» por parte del alcalde Jaramillo.
Este escándalo en Lautaro evoca recuerdos del caso de espionaje que tuvo lugar en la Municipalidad de Independencia, donde un alto funcionario fue destituido por acciones similares. La comparación entre ambos casos ha intensificado el escrutinio público sobre las prácticas de gobierno en Lautaro, resaltando la necesidad urgente de normas más estrictas que protejan la privacidad de los trabajadores y promuevan la transparencia en la gestión pública. Mientras tanto, la comunidad espera resoluciones claras que devuelvan la confianza en sus líderes y en la seguridad de su entorno laboral.
