El 30 de abril de 2025, un operativo policial-militar tuvo lugar en el lof Rgaliko, ubicado en Alto Biobío, donde se llevó a cabo un desalojo violento de la comunidad mapuche pewenche. Durante la intervención, que comenzó a las cinco de la mañana, fue detenida la defensora ambiental Isabel Gatica Palavecino, quien es presidenta del Comité Ambiental Comunal Tucapel (CAC) y forma parte de la Coordinadora Socioambiental Biobío y del Consejo Civil ONU Chile. La acción, calificada de “extrema violencia” por la werken Miriam Purran, se inició con la entrada de las fuerzas de seguridad, que apuntaron con armas a viviendas vacías, provocando un clima de terror en la comunidad.
Gatica, que en ese momento llevaba a cabo trabajo comunitario, fue acusada inicialmente de usurpación, lo que generó una rápida movilización de organizaciones sociales que denunciaron su arresto como una criminalización de la defensa territorial. Una ola de protestas emergió exigiendo su libertad inmediata, argumentando que su trabajo es fundamental para la protección de la rica biodiversidad de la región. La situación levantó preocupación entre las agrupaciones que defienden los derechos de las comunidades indígenas, que señalaban la detención como parte de una tendencia más amplia de represión hacia quienes defienden el medio ambiente.
El 1 de mayo, el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara emitió un fallo que declaró ilegal la detención de Isabel Gatica, ordenando su inmediata liberación. Tras varias horas bajo custodia, laactivista fue liberada, mientras Radio Biobío reportó que Gatica de inmediato comenzó gestiones para recuperar su celular que había sido incautado durante el allanamiento. Este dispositivo contenía información crucial relacionada con su activismo y trabajo comunitario. La defensora denunció, además, haber vivido momentos angustiosos, incluyendo el hecho de que un carabinero le apuntara con una escopeta mientras ya estaba reducida en el suelo.
Las organizaciones socioambientales del Biobío manifestaron su condena ante el operativo violento, subrayando que se había vulnerado los derechos de Gatica, quien ha dedicado su vida a la protección del medioambiente. Declararon: «¡La defensa del territorio no es un delito!», exigiendo que se visibilice el caso y que se ponga fin a la persecución de defensores ambientales. Asimismo, se dio a conocer que el acceso a Rgaliko permanecía restringido por fuerzas militares, lo que generaba gran inquietud entre las siete familias de la comunidad, que desde hace ocho años resisten en el exfundo Los Guindos, reclamando su derecho a su territorio ancestral.
Este suceso pone de manifiesto la sistemática represión contra las comunidades mapuche y los defensores ambientales en Chile. La situación ha llevado a que figuras políticas, como la diputada Clara Sagardía Cabezas, expresen su preocupación en redes sociales, subrayando la importancia de respetar el tratado de Escazú, que busca proteger a los defensores de derechos humanos y ambientales. En este contexto, se plantean acciones legales por la detención ilegal de Gatica, mientras la comunidad y organizaciones de derechos humanos siguen luchando por la justicia y el reconocimiento de sus derechos.
