La abogada medioambientalista Paulin Silva Heredia ha compartido en una reciente entrevista en el programa «Una Nueva Mañana» los detalles de la demanda que presentó contra el Estado de Chile por la existencia de vertederos ilegales en la comuna de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá. Este caso culminó el pasado lunes con una sentencia del Primer Tribunal Ambiental que obliga al Estado a reparar los daños ocasionados en el Desierto de Atacama, específicamente en los sectores de Pampa Norte, Pampa Sur, Mollecita Norte y Sur, donde se ha acumulado una gran cantidad de residuos indebidos, como escombros, ropa y neumáticos.
Paulin Silva, originaria de Iquique y una apasionada del desierto y del mar, ha estado muy consciente del problema de los vertederos ilegales desde su infancia. Durante la entrevista, señaló que ha visto con impotencia cómo en las zonas de La Mula, Camino a Caleta Buena y Huantajaya se acumulan grandes cantidades de desechos. La abogada destacó que cada año ingresan a la zona norte aproximadamente 50.000 toneladas de ropa, de las cuales entre el 60% y el 70% termina como residuos, afectando cerca de 20 hectáreas en La Mula.
Según Silva, el tipo de ropa que se acumula en estos vertederos es principalmente de «fast fashion», que se produce en grandes cantidades a bajo costo y con materiales de baja calidad. Estos productos, al no venderse rápidamente, son desechados en el desierto, representando un riesgo significativo para el medio ambiente debido a la presencia de microplásticos y otros contaminantes derivados del petróleo. Esta situación pone de relieve la necesidad de una regulación más estricta sobre la industria de la moda y sus prácticas de desecho.
La abogada explicó que su demanda se dirige al Estado de Chile, ya que los terrenos donde se deposita esta ropa son de propiedad pública o administrados por el Estado. Silva argumentó que la falta de fiscalización por parte del gobierno es una de las principales razones por las que estos vertederos han proliferado. La problemática se ve agravada por el hecho de que, en la Zona Franca, la entrada de estos productos no está restringida, y no existe un sistema adecuado para la reutilización o eliminación de residuos, lo que permite que esta situación continúe sin control.
Finalmente, Paulin Silva aclaró que no ha demandado a la Zona Franca, pues no puede demostrar que los empresarios sean responsables directos de la acumulación de la ropa en el desierto. En cambio, sostiene que el Estado, como propietario y administrador de los terrenos, debe asumir la responsabilidad por los daños causados. Esta sentencia judicial marca un precedente importante en la búsqueda de justicia ambiental en Chile y abre un debate sobre la necesidad de proteger el vulnerable ecosistema del Desierto de Atacama frente a la creciente crisis de residuos.
