Este viernes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ha tomado una decisión crucial al anular la sentencia apelada del 3 de septiembre, la cual permitía la candidatura de Daniel Jadue Jadue, exalcalde de Recoleta, para diputatado por el distrito 9. Con esta resolución, el Tricel acepta la reclamación presentada por el abogado de Renovación Nacional (RN), Marcelo Brunet, quien argumentó que Jadue no debía ser considerado elegible debido a su situación legal en el caso de las Farmacias Populares. Este acontecimiento marca un nuevo capítulo en el proceso electoral, justo cuando Jadue había comenzado a recibir apoyo en los últimos días.
La controversia en torno a la candidatura de Jadue se centra en el artículo 16, inciso segundo de la Constitución, que establece las restricciones para el derecho a sufragio de aquellas personas acusadas de delitos. El anuncio de la inhabilitación surge a raíz de la solicitud presentada por RN, quien sostenía que la calidad de acusado de Jadue lo inhabilitaba para postularse al Congreso. Este caso añade una capa de complejidad a las elecciones, incrementando las tensiones políticas en el contexto de la contienda.
En una audiencia celebrada recientemente, el Tricel escuchó los alegatos de Renovación Nacional, que reforzaron su posición luego de que el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana había previamente desestimado su reclamo. De esta forma, el Tricel se convirtió en la última instancia para dirimir la legalidad de la candidatura de Jadue. Esta decisión retrospectiva cuestiona las valoraciones anteriores y deja a muchos analistas preguntándose sobre la impartición de justicia electoral en Chile.
El fallo del Tricel se produjo poco tiempo después de recibir confirmaciones del Servicio Electoral (Servel), que inicialmente había habilitado la candidatura de Jadue, así como del Tribunal Electoral que había desestimado la acción de RN. No obstante, el Tricel finalmente ha optado por retirar a Jadue del padrón electoral, citando la normativa legal pertinente. Esto genera un clima de incertidumbre en el electorado y abre un espacio para nuevos candidatos que podrían reconfigurar el panorama político en la región.
Por último, es relevante destacar que esta decisión del Tricel no admite apelaciones adicionales, lo que significa que ha sido el último recurso disponible para Daniel Jadue en su búsqueda por un asiento en el Congreso. La situación provoca un efecto dominó en el ámbito político y expone nuevamente la complicidad entre las acusaciones legales y las aspiraciones políticas, un tema que ha sido recurrente en la actual coyuntura electoral chilena. El desenlace de esta controversia podría no solo afectar a Jadue, sino también tener repercusiones en la estrategia de otros partidos y candidatos en las próximas elecciones.
