La Corte Suprema de Argentina confirmó este martes 10 de junio la condena a Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta del país, quien deberá cumplir una pena de seis años de prisión domiciliaria y queda inhabilitada de por vida para ocupar cualquier cargo público. Este fallo, emitido en el contexto de la causa Vialidad, ha generado un fuerte impacto político, ya que se produjo pocos días después de que CFK anunciara su candidatura para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, programadas para septiembre de este año. La condena ha sido interpretada como un intento de excluir a la líder opositora del panorama político argentino y ha sido calificada de «lawfare» por diversos sectores progresistas en la región, que consideran que se busca deslegitimar a un figura clave del kirchnerismo.
La causa Vialidad, que se remonta a 2016, implicó la investigación de la adjudicación de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz a Lázaro Báez, un empresario cercano a la familia Kirchner. Los cargos contra Cristina se centraron en la acusación de liderar una asociación ilícita y en administración fraudulenta, aunque sus defensores sostienen que no se ha demostrado ningún acto delictivo propio de la expresidenta. Según la defensa, las irregularidades en el juicio son numerosas, incluida la utilización de pruebas que no fueron previamente entregadas y la falta de imparcialidad de algunos jueces. La mencionada situación ha alimentado la percepción de que el proceso judicial ha estado viciado desde su inicio.
A pesar de las apelaciones y recursos de la defensa, la Corte Suprema decidió de manera excepcional revisar el caso justo antes de las elecciones, lo que sus críticos consideran una intervención política que señala un intento de frenar la candidatura de Cristina. El fallo ratificando la condena ha desatado un torrente de respuestas en el terreno político y social, donde múltiples organizaciones han denunciado lo que consideran un claro uso del sistema judicial para fines políticos. La inhabilitación permanente de CFK para acceder a cargos públicos se presenta como un desafío directo al peronismo y a la continuidad de sus políticas en el país.
Las manifestaciones de apoyo a CFK han comenzado a proliferar, y miles de simpatizantes se han congregado en la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires. Las voces en defensa de la expresidenta, incluidos líderes sindicales y políticos, están en aumento, caracterizando la sentencia como una forma de persecución política. Sergio Massa, ex candidato presidencial, y Juan Grabois, presidente del Partido Patria Grande, han calificado la condena y el contexto en que ha ocurrido como un aviso de la erosión democrática en Argentina. Esta atmósfera se ha visto complementada por protestas que incluyen cortes de ruta y un anunciado paro nacional en apoyo a CFK.
Mientras la situación avanza, la comunidad internacional está atenta a lo que sucede en Argentina. Es probable que otros líderes progresistas de América Latina se pronuncien sobre este caso, en un contexto donde varios expresidentes han denunciado experiencias similares de lawfare. Cristina, por su parte, ha expresado su determinación, refiriéndose a la situación que enfrenta como la de una «fusilada que vive», resonando con un llamado hacia la resistencia entre sus partidarios. Las próximas semanas serán decisivas en la respuesta del sistema político ante este veredicto y en la capacidad de la oposición para movilizarse ante lo que interpretan como un ataque directo a la democracia.
