El caso de Javier Fano Ruiz, actual jefe de gabinete del alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), ha suscitado una fuerte controversia en el ámbito municipal, dado que percibe un sueldo mensual que supera los $5 millones. Fano cosecha $2.401.285 por coordinar la agenda del edil y $2.740.480 brutos bajo el cargo de ‘asesor legal’ de la administración municipal. Esta situación ha avivado suspicacias respecto a la posibilidad de un nuevo escándalo de corrupción en La Reina, especialmente tras la denuncia presentada por la Fundación América Transparente, que ha arrojado luz sobre la falta de claridad en sus funciones y remuneraciones.
Uno de los aspectos más inquietantes de la denuncia es que, según los registros de transparencia activa, Fano solo posee educación media completa, a pesar de que su rol como jefe de gabinete exige una presencia constante y activa junto al alcalde. Además, en la Corporación de Desarrollo local figura como ‘estudiante de derecho’, lo que resulta especialmente llamativo, dado que las funciones de asesoría legal requieren de una formación profesional acreditada. Juan José Lyon, director de América Transparente, ha subrayado que no es habitual encontrar dobles salarios en la alta dirección municipal, poniendo en entredicho la idoneidad del actual jefe de gabinete para ocupar ambos cargos de manera efectiva.
La Fundación América Transparente ha denunciado además que Fano se encuentra contratado a honorarios, lo que debería implicar la presentación de informes mensuales respecto a su trabajo. Sin embargo, estos informes no están disponibles en la plataforma de transparencia del municipio, siendo el único caso ausente en una revisión de los contratos a honorarios. Lyon ha señalado que este tipo de irregularidades se convierte en un fenómeno recurrente debido a vacíos legales en la gestión de corporaciones municipales, lo que permite que se evite la supervisión adecuada y se faciliten posibles abusos de poder.
Este caso no es un hecho aislado, ya que se inscribe dentro de un patrón más amplio de irregularidades en diversas municipalidades de Chile, donde las corporaciones han sido objeto de investigaciones por su falta de probidad. Lyon menciona el caso de Vitacura bajo la administración de Raúl Torrealba como otro ejemplo de cómo estas entidades pueden ser foco de corrupción. Ante esto, algunos parlamentarios han comenzado a impulsar iniciativas legislativas para regular el funcionamiento de estas corporaciones, reconociendo que el actual estado normativo permite la creación de contratos paralelos sin la fiscalización correspondiente.
Finalmente, el director de América Transparente enfatizó la urgencia de una respuesta legislativa adecuada frente a la falta de control que permisiblemente permite múltiples contratos. «La Contraloría establece que no se puede tener más de un contrato simultáneo, salvo excepciones específicas. Es imperativo que se tomen medidas claras para resolver esta problemática y prevenir futuras irregularidades en las administraciones municipales. Debemos elevar los estándares de control y mejorar la fiscalización en estos organismos, que son fundamentales para la confianza pública en la gestión municipal» concluyó Lyon.
