La parte dos de nuestra investigación desvela una red escalofriante de corrupción en el Hospital San José, uno de los centros de salud más grandes de Chile, donde la impunidad y las malas prácticas han encontrado un fértil terreno. A través de un análisis minucioso, Infogate pone al descubierto cómo el director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, Antonio Infante, y el director subrogante del Hospital San José, Aldo Yáñez, han tejido una trama de nepotismo y corrupción que carcome las bases de la salud pública. Las irregularidades en la contratación de servicios, que han derivado en costos millonarios para el Estado y han perjudicado a aproximadamente un millón doscientos mil habitantes de la zona, muestran la profunda crisis de probidad que azota la administración pública chilena. Con escándalos que se entrelazan y nombres que resuenan en los pasillos del poder, la cuestión es única: 1Will se rendir cuentas por el daño que se le ha causado al sistema de salud?
La relación entre Infante y Yáñez es problemática y cuestionable, dado que su cercanía ha permitido que la gestión de este último permanezca protegida a pesar de múltiples denuncias. Desde el escándalo del contrato ilegal con la empresa LIM Chile, que le costó al hospital casi tres millones de dólares, hasta las dubitativas administraciones de contratos millonarios en áreas claves como aseo y alimentación, el escenario se presenta como una concatenación de abusos. Yáñez, a su vez, se ha visto implicado en un intento de «autoperdonazo» por inasistencias, lo que plantea serias dudas sobre la ética de su administración. Este entorno de complicidad refleja no solo fallas individuales, sino una cada vez más alarmante ausencia de controles en una institución que debe salvaguardar la salud de la población.
Entre los actores involucrados en este entramado de irregularidades, Jaime Norambuena, dirigente gremial, destaca por su escandaloso historial de cobros por horas extra no trabajadas. La confluencia de intereses personales con la complicidad de ciertos funcionarios ha llevado a que la rutina de muchos en el hospital esté marcada no solo por el ejercicio profesional, sino por una serie de arreglos encubiertos que alimentan la corrupción. Norambuena, respaldado por un círculo de cómplices que incluye a la ex jefa de Recursos Humanos, Leontina Osses, y el director Infante, ha logrado institucionalizar la corrupción en el día a día del hospital. Lo que debería ser una lucha por la dignidad y la transparencia en el sistema de salud, se convierte en un espectáculo de negociaciones viciadas que repercuten negativamente en el bienestar de los ciudadanos.
Otro en el centro del escándalo es Mauricio Navarro, presidente vitalicio de la Asociación de Profesionales de la Salud (Aprus), cuya remuneración grotesca no se corresponde con sus ausencias del ejercicio clínico. La falta de transparencia y el abuso de privilegios no son problemas menores cuando se considera que estos dirigentes acceden a ingresos exorbitantes sin cumplir con sus deberes. Las críticas a la falta de ética profesional resuenan más fuerte que nunca, planteando un desafío que va más allá de la gestión individual. La palabra «impunidad» se hace eco en los pasillos del hospital, urgiendo a la población a cuestionar: 1umpor que se permite que personas con evidentes fallas éticas permanezcan ocupando posiciones clave mientras vulneran los derechos de quienes dependen del sistema de salud?
Finalmente, el caso de Erik Poblete, actual subdirector administrativo del Servicio de Salud Metropolitano Norte, destila la podredumbre de las instituciones del servicio público. Su llegada al SSMN, cargada de un oscuro pasado en Chiloé, trae consigo un aire de desconfianza por las irregularidades que le preceden. Sospechas de despidos injustificados y de una administración basada en vínculos políticos cuestionables pintan un retrato preocupante. La falta de ética y la ineficiencia administrativa se unen en una sinfonía desesperanzadora, exacerbandose aún más con decisiones que benefician a pocos a expensas de muchos. En este contexto, el clamor por una justicia que actúe con rigor se vuelve más urgente: urge que la Contraloría y otras entidades competentes se aboquen a la vigilancia de estos actores cuyo comportamiento ya ha quebrantado el débil tejido de la confianza pública en una de las instituciones más fundamentales del país. La salud de millones en juego, la escrutinio se vuelve no solo necesario, sino vital.
