Esta mañana, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la querella interpuesta bajo la Ley Antiterrorista tras el ataque que afectó las obras de construcción de la central de pasada en Rucalhue. Cordero anunció que viajará a la zona de los hechos para reunirse con los representantes de la empresa International Water & Electric Corp, de capitales chinos, la cual está llevando a cabo el proyecto. El ataque, que tuvo lugar el domingo pasado, dejó como resultado dos guardias lesionados y dañó considerablemente equipos y vehículos utilizados en la construcción, lo que ha generado preocupación por la seguridad de las inversiones en la región.
En una entrevista concedida a Radio Pauta, el ministro Cordero manifestó que la reunión con la empresa afectada se centrará en los planes de seguridad necesarios para garantizar la continuidad del proyecto. Resaltó la importancia de la inversión extranjera en el país y afirmó que el Gobierno está comprometido con la protección de estos proyectos frente a actos violentos. Cordero subrayó que el uso de la Ley Antiterrorista en este contexto es una medida severa y necesaria para mostrar el poder del Estado en la defensa de la inversión y el desarrollo económico.
Mientras tanto, las comunidades mapuche pewenche de Alto Biobío, junto a diversas organizaciones sociales y ambientales, planean entregar una carta en La Moneda solicitando la paralización del polémico proyecto hidroeléctrico. Esta acción se enmarca en la denuncia de vulneraciones de derechos que, según argumentan, son consecuencia de la construcción de la central. Los dirigentes mapuches alegan que las autoridades han ignorado los severos impactos que la obra tiene en sus comunidades, donde la instalación de una cuarta central hidroeléctrica está generando resistencia social.
La misiva dirigida al Presidente de la República y a los ministros pertinentes argumenta que el proyecto lleva consigo una serie de consecuencias negativas para el medio ambiente y la cultura mapuche. En este contexto, los líderes de la comunidad esperan también presentar los resultados de su reciente agenda de actividades en la Embajada de China y en CONAF, donde se discutieron los impactos ambientales y sociales que conlleva la implementación del proyecto hidroeléctrico en el territorio. La entrega de la carta es vista como un paso significativo en la lucha por el reconocimiento y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas.
La situación en Alto Biobío ha suscitado un debate intenso sobre la inversión extranjera y el manejo estatal de los conflictos socioculturales. Mientras el Gobierno, a través del ministro Cordero, insiste en la necesidad de garantizar la seguridad y desarrollo de las inversiones, las comunidades mapuche pewenche continúan exigiendo un diálogo que respete sus derechos y sus preocupaciones por el entorno que habitan. La movilización hacia La Moneda podría ser un punto de inflexión en esta controversia, dejando al desnudo las tensiones entre el desarrollo económico y la protección de los derechos indígenas.
