El 23 de octubre de 2019, el exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas, remitió un oficio al Ministerio del Interior en aquel momento bajo la dirección de Andrés Chadwick. En su misiva, Rozas argumentaba que, ante la convulsa situación social en el país, se hacía necesario dotar a los efectivos policiales de materiales adecuados para el control del orden público. Según el documento, existía una «demanda exponencial» por pertrechos, especialmente disuasivos químicos, destacando que los stocks disponibles estaban en niveles críticos. Este oficio desencadenaría una serie de compras que despertarían críticas tanto a nivel social como político respecto a la gestión del gobierno de Sebastián Piñera durante el estallido social.
Días después, el 25 de octubre de 2019, específicamente, el director de Logística de Carabineros, Jean Camus, firmó un contrato de compraventa con la empresa TEC HARSEIM SPA, la cual representa en Chile a CONDOR S/A, una industria química brasileña. Este contrato, ejecutado sin propuesta pública, contemplaba la compra de casi 50,000 cartuchos CS de calibre 37, así como granadas de gas y humo, alcanzando un total de 804,422 dólares. Lo que llama la atención es que, para la recepción de estos materiales, Carabineros solo realizaría una inspección visual en lugar de pruebas más rigurosas de calidad. Este enfoque ha sido fuertemente cuestionado, dada la creciente preocupación por las heridas y abusos reportados durante las manifestaciones.
El 20 de noviembre de 2019, Carabineros concretó un segundo contrato con TEC HARSEIM SPA, nuevamente sin abrir a propuestas públicas. En este acuerdo, que sumó un monto de 170,243 dólares, se adquirieron 2,079 granadas de gas lacrimógeno de alta emisión y otros proyectiles de gas. Al igual que en contrataciones anteriores, la inspección de calidad se limitó a una revisión visual, dejando en entredicho la efectividad de los controles establecidos para garantizar la seguridad de los equipos adquiridos. Los testimonios de expertos en derechos humanos subrayan que dicha práctica podría afectar tanto a los funcionarios que utilizan estos materiales como a la población civil expuesta.
Una tercera compra tuvo lugar el 29 de noviembre de 2019, esta vez con Importadora y Comercial Mir & Cruz SPA, otra subsidiaria de CONDOR. En este contrato, la cifra ascendió a 3,418,200 dólares, incluyendo una extensa lista de proyectiles lacrimógenos y granadas. Sorprendentemente, una vez más, las medidas de control de calidad adoptadas por Carabineros se limitaban a un chequeo visual. Este patrón de adquisición y de control deficiente provocó un llamado de atención tanto desde la sociedad civil como de autoridades, ya que la falta de rigurosidad en las pruebas podría contribuir a un aumento de daños en los manifestantes, especialmente en un contexto donde se denunciaban excesos por parte de la policía.
Por último, el 16 de diciembre del mismo año, se firmó un contrato por 10,400 dólares para la adquisición de cartuchos antidisturbios, donde una vez más se optó por un control de calidad limitado. La suma total gastada por el gobierno en estos contratos alcanzó los 4,403,265 dólares en solo dos meses. Esta cifra, evidenciada por organizaciones de derechos humanos, se ha convertido en un estandarte que pone de relieve la actual gestión en Carabineros y el uso de la fuerza durante el estallido social. A medida que se revela más información sobre estas adquisiciones, se hace evidente que el enfoque del gobierno respecto al manejo de las protestas fue crítico, y muchas voces insisten en la necesidad de una investigación exhaustiva que evalúe las implicancias de estas decisiones políticas y operativas.
