Durante la mañana del pasado miércoles, el portal de noticias Interferencia dio a conocer detalles inquietantes sobre la contratación de Juan Antonio Soto por parte del diputado Tomás De Rementería. Soto, quien en 2017 fue condenado por estafar a 37 personas, defraudando un total de 22 millones de pesos con la simulación de postulaciones a subsidios del Serviu, había cumplido una condena de tres años, la cual fue sustituta por remisión condicional, además de una multa de tres UTM. La revelación plantea serias interrogantes sobre los procesos de selección de personal en la Cámara de Diputados y la transparencia en la contratación de asesores.
El reportaje destaca que, a pesar de su condena, Juan Antonio Soto logró ingresar al Senado en 2018 comoconsejero territorial de Isabel Allende, y desde marzo de 2022 había estado trabajando como asesor del diputado De Rementería. Estos antecedentes generan suspicacias y evidencian una posible falla en los filtros que se utilizan para la revisión de antecedentes penales de quienes buscan desempeñarse en funciones públicas. La situación exige una reflexión sobre las políticas de recursos humanos en el aparato estatal, así como sobre la ética en la selección de personal.
Al ser consultado por El Ciudadano, el diputado Tomás De Rementería se defendió asegurando que se enteró de la condena de Soto a través de la prensa. Afirmó que el asesor pasó todos los filtros internos de la Cámara, siendo recomendado por otros parlamentarios y concejales. Asimismo, De Rementería argumentó que, tras conocer la información, decidió desvincular a Soto de sus funciones, enfatizando que su decisión no se basó en la condena en sí, sino en la falta de información adecuada sobre el pasado de su asesor.
El diputado también expresó su preocupación por lo que considera una filtración de información sensible y un posible uso indebido de antecedentes judiciales. Según su perspectiva, el certificado de antecedentes de Juan Antonio Soto no parecía reflejar una persona con un historial delictivo, lo que lo llevó a confiar en su contratación. Esta situación abierta a la interpretación resalta la necesidad de un proceso más riguroso y transparente a la hora de contratar personal que maneja recursos y vulnerabilidad social.
Finalmente, De Rementería subrayó su creencia en la rehabilitación de las personas que han cometido delitos, pero hizo hincapié en la necesidad de que un funcionario público tenga un historial limpio. Su desvinculación de Soto está motivada por lo sucedido, pero también pone en evidencia la serie de irregularidades que pueden presentarse en el círculo político. Este caso se suma a un creciente clamor por una mayor rendición de cuentas y la revisión de políticas en materia de contratación pública.
