La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha presentado una acusación formal ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra siete empresas dedicadas al procesamiento de centolla en la Región de Magallanes, así como a ocho de sus ejecutivos, por coludirse entre 2012 y 2021 para manipular los precios de compra de este recurso marino. La FNE señala que las empresas involucradas establecieron un acuerdo para fijar precios que afectó directamente a los pescadores artesanales de la región, quienes vieron disminuidos sus ingresos por la fijación artificial de precios que promovieron estas compañías, lo que ha generado una profunda preocupación en el sector pesquero de la zona.
El monto total de las multas solicitadas por la FNE asciende a 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a aproximadamente 54 millones de dólares. Adicionalmente, se propone una sanción de 511 UTA, casi 445 mil dólares, para los ejecutivos de las empresas acusadas. Estos pagos corresponden a las ganancias obtenidas a través de prácticas anticompetitivas que perjudican a los pescadores, quienes ante la falta de competencia justa no pudieron negociar precios equitativos por su centolla, el recurso que representan más del 80% de sus ingresos.
Según las revelaciones de la investigación de la FNE, las empresas involucradas llevaron a cabo reuniones regulares, tanto presenciales como virtuales, donde intercambiaron información estratégica sobre la fijación de precios para la compra de centolla. Las firmas, tales como Elaboradora de Alimentos Porvenir y International Seafood, entre otras, coordinaban sus acciones para mantener un control sobre los precios, retrasando aumentos que se habrían producido en un mercado competitivo. Este tipo de comportamiento no sólo infringe la normativa sobre competencia, sino que afecta negativamente a la economía local, dejando a los pescadores en una posición desventajosa.
La FNE inició sus pesquisas en julio de 2020 tras recibir una denuncia que señalaba irregularidades en el mercado de la centolla. Para recopilarlas, se emplearon diversas herramientas legales, incluyendo declaraciones de ejecutivos que admitieron la colusión e interceptaciones telefónicas. La empresa Bakkavör se benefició de la delación compensada, aportando información crucial sobre la dinámica del cartel, lo que facilitó la construcción de un sólido caso por parte de las autoridades. El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, resaltó el compromiso de la FNE en perseguir cualquier infracción anticompetitiva en todo el país, reflejando un enfoque decidido hacia la defensa de la libre competencia.
Esta acción por parte de la FNE en el mercado de la centolla se suma a otras investigaciones recientes, como el caso de los panaderos industriales en Iquique, lo que indica un enfoque más amplio para abordar problemas de colusión en diferentes sectores económicos. El caso es un llamado de atención sobre la importancia de mantener mercados competitivos y justos para salvaguardar a los productores locales, en especial a aquellos que dependen de recursos naturales como la centolla, fundamental para la economía de la Región de Magallanes.
