Durante la mañana de este miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago ha tomado la decisión de revocar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, quien enfrenta acusaciones por delitos de fraude al Fisco. Esta resolución llega en un día significativo, ya que coincide con el cumpleaños número 52 de la exfuncionaria, generando reacciones diversas en el ámbito político y social.
El abogado de Barriga, Cristóbal Bonacic, celebró la decisión de la Corte, afirmando que «finalmente se hizo justicia». Indicó que se estableció un criterio de proporcionalidad respecto a las medidas cautelares y destacó que, afortunadamente, Barriga podrá regresar a su hogar distinto a la privación completa de libertad. La exalcaldesa estará bajo arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, condiciones que Bonacic considera adecuadas para el caso.
Bonacic argumentó que las medidas cautelares deben justificarse únicamente si existe el riesgo de fuga, la posibilidad de que la imputada cometa otros delitos o que pueda interferir en la investigación. El abogado confía en que el tribunal ha tenido en cuenta estas consideraciones al decidir que el arresto domiciliario nocturno es suficiente para garantizar el procedimiento judicial que sigue.
Cabe recordar que Cathy Barriga todavía deberá enfrentar otra audiencia de formalización programada para el próximo 15 de abril, esta vez por el delito de malversación de caudales públicos. Este nuevo desafío legal podría afectar su imagen y futuro político, aunque la reciente decisión de la Corte le otorga un respiro temporal en medio del complicado panorama judicial que enfrenta.
La revocación de la prisión preventiva ha sido interpretada por algunos sectores como un mensaje del sistema judicial hacia la necesidad de una revisión más crítica de las medidas cautelares. La situación de Barriga sigue generando expectativas en la opinión pública, ya que representa un caso emblemático sobre la corrupción en la política chilena y pone de relieve la importancia de una justicia que equilibre la protección de la sociedad con los derechos del individuo implicado.
