Durante la mañana del pasado miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago tomó la decisión de revocar la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Esta resolución convierte su situación legal, en lugar de ser encarcelada, en un arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. La determinación del tribunal coincide curiosamente con el cumpleaños número 52 de Barriga, lo que ha generado múltiples reacciones en la opinión pública y en el ámbito político, a medida que aumentan las preguntas sobre la transparencia del proceso judicial.
La periodista de investigación y autora del libro sobre el Caso Barriga, Laura Landaeta, expresó su descontento con los argumentos expuestos por la Corte para disminuir las medidas cautelares en un contexto donde la Fiscalía ha corroborado la existencia de un fraude que asciende a 33 mil millones de pesos. Landaeta también resaltó que la reciente condena a dos colaboradores cercanos de Barriga, incluido su mano derecha Luis Japaz, intensifica la gravedad de los cargos en su contra. En este sentido, se cuestiona la lógica del tribunal en cuanto a la evaluación del riesgo de fuga, así como el hecho de que Barriga ya no esté en el cargo por el que fue imputada.
La investigadora detalló que los antecedentes presentados por el Ministerio Público evidencian que durante su gestión como alcaldesa, Barriga habrían desviado recursos municipales para cubrir gastos personales ajenos a sus funciones. Entre las irregularidades citadas se incluyen el pago de servicios básicos de su hogar, la contratación de niñeras financiadas por el presupuesto municipal y la adquisición de productos de belleza y celebraciones privadas cargadas a las arcas fiscales. Esta serie de actos representa un uso del erario público que va más allá de una simple falta administrativa.
Landaeta enfatiza que la conducta de Barriga no solo es una falta ética grave, sino un delito reiterado que ofende no solo a los habitantes de Maipú, sino también a la ciudadanía en general, que espera una justicia real y no una impunidad disfrazada de garantías. La situación ha encendido un debate en la sociedad chilena sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el manejo de fondos estatales y la necesidad de mantener la integridad en el ejercicio de su cargo.
En el marco de esta problemática, Barriga está programada para enfrentar otra audiencia de formalización el próximo 15 de abril, donde se abordará el delito de malversación de caudales públicos. La expectación es alta y los ciudadanos de Maipú y del país entero continuarán observando de cerca el desarrollo de este caso que, sin duda, marcará un precedentes sobre la rendición de cuentas en la administración pública.
