El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se pronunció recientemente sobre la polémica solicitud realizada por el fiscal Patricio Cooper para intervenir el teléfono del Presidente Gabriel Boric, en el marco del Caso Procultura. Esta solicitud fue rechazada por los tribunales, lo que ha generado diversas reacciones tanto en el ambiente político como en la opinión pública. Elizalde destacó la importancia de que se respete la ley en este contexto, haciendo alusión a que todas las instituciones deben actuar dentro del marco del Estado de Derecho. «Estamos ante un trascendido que podría ser resultado de una filtración, y es crucial que no especulemos sobre investigaciones que son reservadas», sostuvo el ministro.
La vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, también abordó la situación, señalando que el Gobierno espera una aclaración del fiscal Nacional, Ángel Valencia, respecto a la veracidad de la información sobre las grabaciones obtenidas del celular del director de la fundación vinculada al caso, Alberto Larraín. Este hecho ha puesto en el centro del debate la relación del presidente Boric con Larraín, ya que durante su mandato, los fondos públicos que se transfirieron a esa fundación se multiplicaron considerablemente.
La controversia se ha intensificado debido a que en las grabaciones del celular de Larraín, podrían haberse encontrado datos relevantes sobre el Presidente Boric, lo que llevó a Cooper a solicitar al juzgado la intervención telefónica, pedido que fue desestimado por el juez del caso. Ante esto, Elizalde expresó que es fundamental que la fiscalía actúe conforme a la legislación vigente, asegurando que todas las medidas que requiera deben ser autorizadas por un tribunal competente.
Además, el ministro Elizalde advirtió sobre la gravedad de los trascendidos que podrían surgir de filtraciones en investigaciones de carácter reservado. «Es crucial que se tomen las medidas necesarias para proteger la integridad de estas investigaciones y el debido proceso», afirmó. Esta situación refleja la tensión entre la necesidad de transparencia en las investigaciones sobre posibles irregularidades y el respeto por el derecho a la privacidad de los implicados.
Finalmente, la situación pone de relieve la complejidad del caso Procultura y las implicancias legales que conlleva. Con el rechazo del tribunal a la solicitud del fiscal Cooper, se abre un nuevo capítulo en esta investigación que ha captado la atención de la sociedad. Las autoridades han manifestado su compromiso con el respeto de la ley, pero el eco de la controversia continúa, dejando claro que las responsabilidades y decisiones tomadas en torno a este caso serán vigiladas de cerca tanto por la ciudadanía como por los medios de comunicación.
