Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini han tomado una actitud activa y decidida en la lucha contra la corrupción en Chile, presentando un recurso de apelación que busca revocar el arresto domiciliario de Luis Hermosilla, implicado en el llamado ‘Caso Hermosilla’. Esta decisión se produce en el marco de una compleja investigación que abarca delitos tributarios, soborno y lavado de activos, en el que Hermosilla ya había estado bajo prisión preventiva por 205 días en el Anexo Capitán Yáber hasta su reciente liberación el 21 de marzo. Los parlamentarios argumentan que la libertad de Hermosilla representa una amenaza no solo para la investigación en curso, sino también para la integridad de la ciudadanía.
La inquietud mostrada por los legisladores ha sido palpable, especialmente en las declaraciones de Manouchehri, quien enfatizó que no se quedarán «con los brazos cruzados mientras la corrupción se ríe del país». Este tipo de afirmaciones pone de relieve la urgencia de los diputados por garantizar que la justicia actúe de manera efectiva, alertando sobre la normalización de la impunidad en el escenario nacional. La apelación presentada pide a los tribunales reconsiderar la situación de Hermosilla, preguntando retóricamente si «la justicia aún respira o si Hermosilla ya la asfixió».
Daniella Cicardini se unió al clamor en contra del cambio de medidas cautelares, calificando a Hermosilla, ahora en su hogar, como un «peligro público». Con un teléfono móvil a su disposición, el abogado podría seguir influenciando el desarrollo del caso, lo que podría obstaculizar gravemente las investigaciones relacionadas. La diputada subrayó la responsabilidad del sistema judicial al tomar decisiones que podrían debilitar la lucha contra la corrupción, señalando que la reciente decisión de los tribunales podría establecer un precedente negativo y dificultar la confianza del pueblo en sus instituciones.
Los legisladores no solo han presentado un recurso de apelación, sino que también han estado proactivos en el seguimiento del caso, interponiendo querellas y denuncias contra diversas figuras involucradas en este entramado de corrupción. En marzo de 2024, los diputados habían interpuesto una querella por cohecho agravado en contra de quienes resulten responsables, y en enero de este año, solicitaron a la Fiscalía investigar posibles delitos de prevaricación que podrían implicar a diversas autoridades y abogados relevantes en la causa. Estas actuaciones reflejan un compromiso renovado por parte de Manouchehri y Cicardini con la transparencia y la rendición de cuentas.
La recopilación de evidencias ha llevado a que la Fiscalía de Rancagua proceda con allanamientos en las oficinas de figuras judiciales de alto perfil, como el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y el ministro del Tribunal Constitucional. Esta situación pone de manifiesto la magnitud del caso y la necesidad de que se tomen decisiones firmes para restaurar la confianza pública en el sistema judicial. A medida que avanza este proceso, la comunidad observa atentamente cómo se desarrollan los acontecimientos y si realmente se logrará hacer justicia en un caso que ha capturado la atención de la opinión pública en Chile.
