La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un allanamiento el pasado miércoles 9 de abril en las oficinas de la Corporación Agencia de Desarrollo Araucanía, ubicada en Temuco. Esta acción fue solicitada por el gobernador René Saffirio, quien busca esclarecer los presuntos desvíos de fondos públicos relacionados con el Caso Convenios, que involucra a exfuncionarios de la derecha política. Durante la operación, los agentes incautaron varios computadores, archivos y una pizarra con datos estratégicos, lo que podría ser fundamental para la investigación actual. La diligencia se produce luego de que Saffirio reactivara las oficinas de la Corporación, que habían estado inactivas durante meses, y encontrara documentación vinculada a proyectos financiados por el Estado, de acuerdo a la información proporcionada por Sur Informado.
El gobernador Saffirio declaró que los materiales incautados son de gran relevancia para las pesquisas del Ministerio Público. En sus declaraciones, enfatizó que ha identificado irregularidades que se remontan a la administración anterior, en la que la Corporación era conocida por su falta de transparencia y supuestas prácticas de corrupción. De hecho, tras la intervención de la PDI, la Fiscalía pretende analizar si los contratos y convenios que se están indagando constituyen malversación de fondos públicos, un tema que ha generado gran preocupación en la opinión pública.
Un informe reciente de Araucanía Diario reveló que, a pesar de no generar productos tangibles en los últimos meses, la Corporación mantiene en su nómina a exautoridades de organizaciones políticas de la derecha, incluyendo a figuras destacadas de Evópoli y la UDI. Entre estos se encuentran la abogada Stephanie Caminondo y el gerente interino Carlos Rosas, quienes reciben altos salarios sin resultados evidentes. Estas contrataciones han sido criticadas como «pagos políticos», y se deriva que la Corporación ha funcionado como una caja pagadora para beneficiarios de favores políticos desde el gobierno de Sebastián Piñera, lo que pone en entredicho la integridad del manejo de los fondos públicos en la región.
Saffirio también señaló la «opacidad en la gestión regional» como un legado de la administración anterior y expresó su compromiso para depurar las prácticas irregulares detectadas en la Corporación. Sin embargo, enfrentará el reto de desarticular redes políticas arraigadas que, según denuncias, han permeado varias administraciones. La PDI revisará los dispositivos confiscados a fin de determinar las responsabilidades del uso de los fondos regionales y conocer el alcance de los posibles delitos que se habrían cometido.
La indignación generada por el Caso Convenios ha llevado a la Fiscalía Regional a ampliar sus diligencias, con la colaboración plena del gobernador Saffirio, quien no dudó en ofrecer su apoyo a la investigación. Además, el Consejo Regional está considerando recortar el presupuesto de la Corporación hasta que se esclarezcan los hechos. Esta situación plantea un nuevo camino para la transparencia en la gestión de los recursos públicos en Araucanía, un proceso difícil pero necesario si se busca restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
