Han pasado dos años y medio desde que la salmonera Australis Seafoods, actualmente bajo el control de la multinacional china Joyvio, se autodenunció ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por sobreproducir más de 100 mil toneladas de salmón en 33 centros de cultivo en el sur de Chile. Este incidente, que inicialmente se presentó como un caso de incumplimiento ambiental, escaló rápidamente a una querella por estafa y administración desleal, acompañada de un juicio arbitral relacionado con la venta millonaria de la compañía. Según el medio Interferencia, la autodenuncia, presentada en octubre de 2022, acusó a la anterior administración, liderada por el empresario chileno Isidoro Quiroga, de operar por sobre los límites de producción permitidos para inflar el valor de la empresa antes de su venta a Joyvio en 2019 por US$921 millones. Sin embargo, Quiroga y su equipo niegan estas acusaciones, asegurando que la nueva administración continuó con las prácticas irregulares.
El contexto previo a la autodenuncia revela advertencias tempranas y reuniones informales que fueron fundamentales para entender la crisis. Según la investigación de Interferencia, meses antes de hacer su declaración, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) ya había detectado la sobreproducción y lo había reportado a la SMA. En enero de 2022, Santiago Garretón, gerente de administración y finanzas de Australis, envió correos advirtiendo sobre el aumento de la fiscalización, señalando la necesidad de gestionar la crisis mediante reuniones informales con la Superintendencia. Garretón destacó que, a pesar de la pausa en las sanciones bajo la dirección de Cristóbal de la Maza, había riesgos mayores con un posible cambio de administración política, lo que podría reactivar las investigaciones existentes debido al volumen de irregularidades encontradas.
El papel de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es un punto neurálgico del conflicto. Las críticas apuntan a por qué no se actuó con mayor celeridad ante las advertencias de Sernapesca. La administración actual de la SMA, dirigida por Marie Claude Plumer, argumenta que cualquier retraso en los procedimientos no se debe a un cambio de criterio, sino a la falta histórica de recursos para fiscalizar adecuadamente una industria tan extensa. Por otro lado, Cristóbal de la Maza, quien dirigió la SMA en el momento de las denuncias, sostiene que un nuevo criterio de fiscalización se instauró durante su gestión, elevando las exigencias para el sector. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada, particularmente por parte de la actual SMA y de Joyvio, quienes consideran que los mecanismos anteriormente establecidos no se diseñaron para lidiar con sobreproducciones ya constatadas.
Otro aspecto preocupante surgido de este caso es la evidencia que sugiere que Joyvio, tras adquirir Australis, continuó con las prácticas de sobreproducción. Correos internos filtrados revelan que en 2022, Vincent Dong, director de la salmonera, instruyó a su equipo a no postergar cosechas y a aumentar la producción para mejorar la liquidez de la empresa. Esta información plantea serias dudas sobre si ambas administraciones, la chilena y la china, han incurrido en irregularidades simétricas, complicando el resultado del juicio arbitral y la querella por estafa. Hasta la fecha, la SMA solo ha avanzado en las investigaciones formales relacionadas con dos de los centros de cultivo denunciados por Australis, alentando críticas sobre su capacidad para gestionar y procesar estas denuncias exacerbadas por limitaciones operativas y presupuestarias.
El desarrollo de este caso está en el ojo del huracán, encerrando un entramado de acusaciones mutuas que podrían tener consecuencias significativas tanto para Joyvio como para la reputación de la industria del salmón en Chile. La investigación del 4° Juzgado de Garantía de Santiago avanza, pero las complicaciones derivadas de correos internos y la desconfianza entre las partes sugieren que el camino hacia la resolución de esta crisis será largo y lleno de incertidumbres. Los llamados a mejorar la fiscalización y a establecer un control más riguroso en la industria del salmón se intensifican, subrayando la necesidad de garantizar prácticas sostenibles y responsables que protejan el medio ambiente y a las comunidades que dependen de esta actividad.
