La Contraloría General de la República ha hecho público un sombrío informe que expone diversas irregularidades en el uso de recursos públicos en 32 municipios del país, un hallazgo alarmante a solo meses de las elecciones de 2024. Este organismo, comprometido con la fiscalización del manejo de fondos públicos, ejecutó un ambicioso plan de auditoría que se centró en los gastos y transferencias realizadas por las municipalidades entre enero y septiembre del año pasado. Con el objetivo de salvaguardar la integridad del proceso electoral, la Contraloría llevó a cabo un minucioso análisis de las transferencias de municipios a entidades privadas, atento a prevenir conflictos de interés y asegurar que los recursos no se destinaran a actividades proselitistas o campañas de difusión para candidatos políticos.
En particular, el informe ha revelado prácticas irregulares en diez municipios de la zona central, donde se identificaron gastos no justificados y el uso indebido de vehículos fiscales durante días inhábiles, así como la falta de respaldo para actividades financiadas. Un caso notable es el del municipio de La Florida, que desembolsó más de 30 millones de pesos en servicios de honorarios que no se alinean con los objetivos institucionales, lo que ha llevado a la Contraloría a formular un reparo por $23.149.811. Este caso ilustra la preocupación por la transparencia y el uso correcto de los fondos públicos, especialmente en tiempos de elecciones, donde la probidad se vuelve aún más crucial.
El informe también destaca una conducta alarmante del entonces alcalde de La Florida, quien, durante un evento conmemorativo, presentó a candidatos de su pacto político, lo que podría entenderse como una clara violación al principio de probidad administrativa. Además, se registró la entrega de 5.600 gift cards, que suman un total de $140 millones en ayuda por una emergencia climática, sin la documentación adecuada que garantizara que realmente los beneficiarios necesitaban esa ayuda. A raíz de estas irregularidades, la Contraloría ha anunciado la apertura de un sumario administrativo, señalando un firme compromiso de investigar y sancionar cualquier mal uso de recursos.
La situación es igualmente crítica en la Municipalidad de Maipú, donde la Contraloría evidenció la falta de colaboración por parte de la entidad durante el proceso de auditoría, ya que no respondieron a las solicitudes de información, lo que obstaculizó el trabajo fiscalizador. Este hecho podría llevar a la apertura de un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes. Adicionalmente, se encontraron casos de uso indebido de vehículos fiscales en días no laborables y la asignación de ayuda social a personas fallecidas, así como el uso no autorizado de inmuebles municipales, lo que demuestra un preocupante descontrol en la administración de recursos.
En Puente Alto, las irregularidades son aún más evidentes con un desembolso injustificado de $129.899.999 para un evento de capacitación, del cual se cuestiona la participación efectiva de los representantes sociales. Además, se detectó la aprobación de rendiciones por más de $30 millones sin pruebas concretas de los beneficios de los itinerarios de viaje de un club deportivo, lo que sugiere una falta de transparencia y justificación en el manejo de los fondos. Las múltiples anomalías descubiertas en esta y otras municipalidades han llevado a la Contraloría a exigir la apertura de sumarios administrativos, evidenciando la apremiante necesidad de monitorear adecuadamente el uso de recursos en el contexto preelectoral.
