El pasado 19 de marzo se llevó a cabo una sesión en la comisión revisora de la Acusación Constitucional contra la exministra de Defensa, Maya Fernández. En esta oportunidad, la excandidata a alcaldesa de Lo Barnechea, Loreto Letelier, fue convocada para ofrecer su perspectiva sobre los aspectos jurídicos relacionados con el caso. Sin embargo, lo que debía ser una presentación técnica se tornó en un desacuerdo cuando el presidente de la comisión, el diputado Jaime Naranjo, interrumpió a Letelier, corrigiéndola por desviar el foco de su exposición hacia los argumentos de fondo de la acusación, en lugar de ceñirse a los límites constitucionales del proceso.
El diputado Naranjo subrayó que la invitación a Letelier se centraba en los alcances y límites de la acusación constitucional, tal como lo había hecho anteriormente el abogado Zapata. «Señora Letelier, usted prácticamente se abocó al fondo de la acusación constitucional, y eso no era para lo que la habíamos invitado», indicaba Naranjo, dejando clara la expectativa de que todos los expertos convocados debían hablar sobre el procedimiento y no sobre los detalles del caso. A pesar de los intentos de Letelier por justificarse, Naranjo reiteró que ningún otro expositor había seguido la misma línea, dejando constancia en acta de que su intervención no se ajustó a lo solicitado.
Tras el intercambio de esta acalorada sesión, la comisión revisora tomó una decisión unánime al rechazar el libelo presentado por la oposición contra la exministra Maya Fernández. La votación resultó en cuatro votos en contra, pertenecientes a los diputados Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda, Leonardo Soto y Emilia Schneider. En contraste, solo hubo un voto a favor, que provino del diputado Jorge Durán, generando un panorama que evidenció la falta de apoyo a la acusación, destacando la diferencia de opiniones en el seno de la Cámara.
Este rechazo no solo significa un alivio para la exministra, sino que también pone de relieve la importancia de ceñirse a los procedimientos establecidos en la legislación chilena. La Cámara Baja tomó la decisión final durante la tarde del miércoles, donde se rechazó formalmente la acusación en su contra, relacionada con la controvertida compra de la casa de Salvador Allende en Providencia. Este hecho ha despertado reacciones diversas en el ámbito político, reflejando las tensiones actuales en la política chilena.
En los días siguientes a la votación, las redes sociales y los medios han alimentado el debate sobre la calidad del proceso de acusación constitucional en Chile. Se han manifestado opiniones críticas hacia la preparación de los expositores, como evidenció un tuit de la usuaria @MaraJirn2 quien mencionó que «la educación de calidad no está en la Internet» en referencia a la intervención de Letelier, subrayando una sensación de descontento con relación al nivel de argumentación presentado. Este caso, así como la actuación de la comisión revisora, pone en evidencia la necesidad de mejorar la capacitación de los parlamentarios y expertos involucrados en procedimientos tan críticos.
