El fiscal federal Eduardo Taiano ha solicitado levantar el secreto bancario y fiscal de Javier Milei y su hermana Karina Milei, en el marco de la investigación judicial que aborda la supuesta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA. Este pedido, que ha causado un gran revuelo en la opinión pública y en los medios de comunicación, se extiende también a varios empresarios, incluyendo a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores. La causa, bajo la dirección de la jueza María Servini, busca esclarecer la responsabilidad de los involucrados en la promoción de una criptomoneda que, hasta el momento, carece de respaldo financiero, un hecho que fue destacado por el propio Milei en una publicación el pasado 14 de febrero desde su cuenta oficial en la red social X.
La apertura de un legajo especial por parte del fiscal Taiano busca investigar el patrimonio de todos los implicados desde el año 2023, lo que ha levantado sospechas sobre las intenciones y actividades financieras de Milei y su círculo más cercano. El dirigente social Juan Grabois, quien actúa como querellante en representación de tres personas que afirman haber sido estafadas, fue el encargado de difundir este desarrollo a través de sus redes sociales, generando así un amplio debate sobre la legalidad y las implicaciones de las acciones realizadas por los Milei.
Además de las investigaciones locales, el abogado Gregorio Dalbón, otro de los denunciantes, ha hecho un llamado a que se obtenga información de diversas agencias gubernamentales de Estados Unidos, incluyendo el Departamento de Justicia, el FBI y la SEC. Su objetivo es asegurar que no se produzca un vaciamiento de los activos de Javier y Karina Milei, que podrían incluir propiedades y fondos en el extranjero, especialmente en territorio estadounidense. En sus declaraciones, Dalbón enfatizó la necesidad de congelar cualquier activo que los Milei, sus familiares o sociedades vinculadas pudieran tener, considerando fundamental esta acción para garantizar la recuperación patrimonial de los damnificados por la presunta estafa.
Las implicaciones legales de este caso han sido complejas, ya que inicialmente hubo un conflicto de competencia entre dos juezas: María Servini y Sandra Arroyo Salgado, de San Isidro. Sin embargo, la Cámara Federal de San Martín decidió que el caso continúe en los tribunales de Comodoro Py, donde se han llevado a cabo varias medidas de prueba significativas. El juez Juan Pablo Salas subrayó que varios de los hechos denunciados ocurrieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que refuerza la jurisdicción de la causa en estos tribunales.
Los encuentros que vinculan a Javier Milei con empresarios del ámbito cripto son objeto de interés en esta investigación. Según informes, algunas de estas reuniones clave habrían tenido lugar incluso antes de la controvertida publicación del 14 de febrero. Entre los posibles lugares de encuentro se menciona la Casa Rosada, lo que añade un nivel de complejidad política a la investigación y pone en tela de juicio la transparencia de las acciones de Milei y su administración. La situación continúa desarrollándose, y todos los ojos están puestos en los próximos pasos judiciales que se den en esta causa que no sólo podría repercutir a nivel nacional, sino también internacional.
