En medio de una creciente controversia en el Congreso chileno, el diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, ha anunciado que un grupo de parlamentarios está considerando avanzar en un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Esta decisión se ha tomado tras las preocupaciones planteadas por revelaciones del medio The Clinic, que expusieron la existencia de contratos entre ciertos parlamentarios y el Estado. La situación se ha vuelto más tensa a raíz de la reciente destitución de la senadora Isabel Allende, lo que ha generado un llamado a la acción de parte de sus colegas.
Durante una conferencia de prensa, Manouchehri explicó que se están revisando los antecedentes sobre los contratos firmados por parlamentarios, enfatizando en casos concretos como los de los senadores Juan Castro del Partido Socialista Cristiano y Luciano Cruz-Coke de Evópoli, quien tiene un contrato de arrendamiento con un organismo estatal. El diputado argumentó que, si la destitución de Allende se debió a un contrato no perfeccionado, lo justo sería aplicar un criterio similar o más riguroso a otros casos con contratos en ejecución.
Manouchehri destacó que, de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional, la mera existencia de un contrato con el Estado podría considerarse una vulneración a la Constitución. Este punto es crucial, ya que el diputado subrayó que estos ilícitos constitucionales no tienen plazos de prescripción y, por lo tanto, podrían tener consecuencias serias para aquellos involucrados. La declaración ha levantado una ola de discusión sobre la ética y la legalidad de las relaciones entre políticos y el sector público.
El reportaje de The Clinic no solo identificó a Allende, sino también a otros cinco parlamentarios que tienen contratos con el Estado, aumentando las voces que claman por transparencia y responsabilidad en el Congreso. Entre los mencionados se encuentran figuras destacadas como el senador Fidel Espinoza y los diputados Ximena Ossandón y Jaime Mulet. Esta situación ha abierto un debate sobre los conflictos de interés y la necesidad de regular las relaciones entre los legisladores y el Estado.
Manouchehri también ha manifestado su intención de buscar apoyo entre otros parlamentarios para facilitar la recolección de las diez firmas necesarias para presentar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. A medida que se intensifican las discusiones sobre la ética en la política, muchos observadores, incluida la comunidad académica representada por Claudio Fuentes, instan a una revisión más exhaustiva de las normativas que rigen las candidaturas a cargo público, sugiriendo que la relación entre el sector privado y el Estado debería ser más rigurosamente controlada.
