El Juzgado de Garantía de Iquique ha dictado este martes el auto de apertura del juicio contra ocho imputados en el sonado «Caso Cajas de Alimentos». La decisión fue tomada tras una extensa audiencia de preparación, donde el magistrado Frederick Roco se encargó de establecer los hechos que darán paso al juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique. Entre los acusados se encuentran el exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, así como su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza Bravo, y la exconsejera regional, Daniela Solari. La Fiscalía ha presentado acusaciones serias de fraude al fisco, solicitando para estos implicados 10 años de prisión y 7 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Durante la audiencia, que tuvo una duración aproximada de cinco horas, se revisaron los detalles de la acusación del Ministerio Público junto a las pruebas que serán presentadas en juicio. El juez Roco ofreció un resumen de las imputaciones contra un total de 15 investigados, donde seis lograron una suspensión condicional y uno ya fue sentenciado, dejando a los ocho actualmente procesados ante el tribunal. Es relevante mencionar que la Fiscalía contará con un robusto cuerpo de evidencia, que incluye 692 documentos, 85 evidencias materiales, y el testimonio de un total de 69 testigos, todos los cuales han sido validados por el tribunal.
El escándalo del «Caso Cajas de Alimentos» emergió en junio de 2020, tras la revelación de un reportaje de Radio Paulina, que expuso la adjudicación de una millonaria licitación por parte de la Intendencia de Tarapacá a productores inexpertos en la distribución de alimentos. La Contraloría General de la República identificó sobreprecios alarmantes en las compras, con un exceso de costos que alcanzó los 232 millones de pesos en el primer proceso y más de 282 millones en el segundo. Este caso ha llevado a la formalización de importantes figuras políticas en la región, incluyendo a Miguel Ángel Quezada y Lilian Plaza Bravo, entre otros.
La situación se ha complejizado aún más con el desarrollo de la investigación, donde el exdiputado y exconvencional Hugo Gutiérrez amplió la querella para incluir a más implicados, llevando a la formalización de seis nuevos acusados en noviembre de 2023. Entre estos nuevos imputados figuran individuos que actualmente ocupan cargos dentro de la Delegación Presidencial de Tarapacá, lo que ha generado una atención considerable sobre la transparencia del manejo de los fondos públicos destinados a la ayuda social. Este proceso judicial se presenta como uno de los casos de corrupción más destacados del último tiempo en la región.
Con el juicio oral a la vista, se espera que el Tribunal Oral en lo Penal defina en breve la fecha de inicio del proceso. La expectativa es alta, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por el impacto social que la resolución de este caso tendrá en la confianza pública hacia las instituciones. Los ciudadanos estarán atentos al desenlace de una causa que pone en duda el uso adecuado de recursos destinados a ayudar a quienes más lo necesitan, y que podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en Chile.
