Durante los últimos días, la Universidad San Sebastián se ha visto envuelta en una serie de manifestaciones protagonizadas por parte de su estudiantado, quienes exigen un incremento en las medidas de seguridad dentro del recinto educativo. La preocupación se ha intensificado tras el reciente robo del computador de un estudiante en las cercanías de la universidad, lo que ha dejado al descubierto la vulnerabilidad en la que se encuentran los alumnos. Este hecho ha servido como catalizador para que la comunidad estudiantil alce su voz y demande acciones concretas que garanticen su bienestar.
Entre las demandas de los estudiantes, uno de los reclamos más fuertes es la denuncia sobre la falta de funcionalidad de las cámaras de vigilancia. Según testimonios de alumnos presentes en las manifestaciones, se ha descubierto que las cámaras no estaban operativas debido a que no estaban enchufadas, lo que genera una sensación de desprotección ante la creciente sensación de inseguridad en el campus. Esta situación ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad de las medidas de seguridad implementadas por la universidad.
Además de los problemas de seguridad, los estudiantes han denunciado la falta de suministro de agua en los baños, un aspecto que resalta las carencias estructurales dentro de la universidad. A este problema se suman las críticas hacia los torniquetes de acceso, los cuales, según indican los estudiantes, solo funcionan para el personal administrativo, permitiendo el libre tránsito de personas ajenas a la comunidad educativa. Esta situación ha generado una creciente frustración entre los estudiantes, quienes sienten que la administración está fallando en su deber de velar por su seguridad y bienestar.
Es relevante mencionar que la Universidad San Sebastián cuenta con un 45% de financiamiento público, junto a ingresos particulares, lo que plantea interrogantes sobre la gestión y el uso de estos recursos en pro de mejorar la infraestructura y la seguridad del recinto. Los reclamos actuales sobre falta de vigilancia y desigualdad en el acceso a instalaciones básicas plantean serias dudas sobre la administración de la universidad y su compromiso con los estudiantes. Las manifestaciones son, por tanto, una señal clara de la insatisfacción de los alumnos y una demanda urgente de atención a sus necesidades.
No es la primera vez que la Universidad San Sebastián se ve inmersa en controversias. En septiembre pasado, se reveló que la exministra Marcela Cubillos recibía un sueldo bruto de 17 millones de pesos por funciones académicas mientras realizaba viajes a España, lo cual desató un escándalo que cuestionó la ética de la administración de la universidad. A este escándalo se suma la implicación de diversos personeros de Chile Vamos en el caso conocido como Caso Hermosilla, lo que ha alimentado aún más la crisis institucional en la USS. Las actuales protestas reflejan un descontento que parece estar profundamente arraigado, evidenciando la necesidad de una revisión exhaustiva de las prácticas de gestión dentro de esta institución educativa.
