El reciente allanamiento a la oficina del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, junto a los domicilios del exasesor del presidente Sebastián Piñera, Andrés Sotomayor, y del actual miembro del Tribunal Constitucional, Héctor Mery, marca un hito significativo en la investigación relacionada con el abogado Luis Hermosilla. Esta acción judicial se llevó a cabo poco después de la modificación de las medidas cautelares que pesaban sobre Hermosilla, quien había pasado de prisión preventiva a arresto domiciliario total. La Fiscalía de Rancagua, bajo la dirección del fiscal jefe de Alta Complejidad, Javier Von Bischoffshausen, ha solicitado seguir indagando en posibles delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias, una situación que pone en tela de juicio no solo a los involucrados directamente, sino también a la integridad del sistema judicial en su conjunto.
La jueza Daniela Guerrero, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, autorizó los allanamientos en cuestión, reflejando la seriedad con que la Fiscalía está abordando el caso. El hecho de que los operativos se centren en personalidades con funciones relevantes en el ámbito judicial destaca la complejidad y la naturaleza delicada de las acusaciones. Sin embargo, no todas las solicitudes de la Fiscalía fueron aceptadas, como ocurrió con el pedido de registro de la vivienda de Pablo Urquízar, exencargado de la Macrozona Sur, que fue rechazado por el tribunal debido a un error en la especificación de la dirección.
La figura de Héctor Mery ha despertado particular atención en este contexto, dada su influencia en los nombramientos judiciales durante su labor en el Ministerio de Justicia y su posterior ascenso al Tribunal Constitucional. Mery, quien ha sido un académico destacado y un abogado respetado en la comunidad jurídica, fue visto como un potencial candidato para la Corte Suprema. No obstante, su trayectoria ha estado marcada por controversias, incluida la acusación de no inhabilitarse en un juicio que implicaba conflictos de interés, lo que pone en duda la ética y la transparencia que deben prevalecer en la administración de justicia.
Además, los chats filtrados entre el ministro ulloa y Luis Hermosilla han revelado detalles comprometedores sobre la dinámica de poder y favoritismo en los nombramientos judiciales, sugiriendo un entramado que podría facilitar la corrupción. Las comunicaciones detallan cómo Ulloa agradecía a Hermosilla por el apoyo en su nombramiento como ministro de la Corte de Apelaciones, lo que plantea preguntas sobre la independencia judicial y el papel de las conexiones políticas en el acceso a posiciones de poder dentro del sistema judicial. El hecho de que estas revelaciones provengan de chats internos acentúa la ingrata realidad de que las relaciones personales y las lealtades políticas pueden influir en decisiones judiciales vitales.
En un desarrollo posterior a los allanamientos, el Senado ratificó, el 10 de enero de 2024, el nombramiento de cuatro nuevos miembros del Tribunal Constitucional, incluyendo a Héctor Mery, quien ejercerá su cargo por un periodo de nueve años. Este ascenso profesional ocurre en un clima de scrutinio y vigilancia pública, dado el contexto de investigaciones judiciales en curso y la presión sobre los individuos vinculados a Luis Hermosilla. La integridad del proceso constitucional chileno se agita en este momento, especialmente considerando que Mery formó parte del Comité Técnico de Admisibilidad del Proceso Constituyente, donde también se esperaba que protegiera los principios básicos de la nueva Constitución, ahora en entredicho por estos escándalos.
