La Sala del Senado rechazó este miércoles con una votación de 14 a favor y 17 en contra, la propuesta que otorgaba a la Fiscalía la facultad de levantar el secreto bancario de organizaciones criminales sin necesidad de obtener autorización judicial. Esta iniciativa era parte del proyecto de ley del Subsistema de Inteligencia Económica, que pretendía fortalecer las capacidades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para actuar con mayor rapidez en el rastreo de flujos de dinero vinculados a actividades delictuales. A pesar de su potencial para combatir la delincuencia financiera, el rechazo fue impulsado exclusivamente por los votos de la oposición de derecha.
Durante el debate, la senadora Luz Ebensperger, del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), expuso sus razones para oponerse a la medida, destacando que el levantamiento del secreto bancario no es una posibilidad inexistente. Según Ebensperger, en los últimos años, la UAF ha solicitado 64 autorizaciones, todas concedidas en un tiempo promedio de 24 horas. Su intervención dejó clara la posición de la oposición, que considera que el marco actual es suficiente para permitir a la UAF realizar su trabajo sin necesidad de modificar la normativa vigente.
Por otro lado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió vehementemente la propuesta, argumentando que la posibilidad de levantar el secreto bancario de forma ágil no solo es legalmente factible, sino que también podría aliviar la carga de trabajo de los tribunales, permitiendo que la justicia se concentre en su labor fundamental. Según Marcel, el respaldo de la Corte Suprema a esta iniciativa debe ser tomado en cuenta, sugiriendo que la postura de los senadores podría estar ignorando una oportunidad significativa para mejorar la eficiencia en la lucha contra la criminalidad.
El rechazo de la propuesta ha dejado abierta la puerta a una nueva discusión, ya que se encuentra en su primer trámite legislativo. La atención ahora se centra en la próxima semana, cuando se prevé que el proyecto sea revisado nuevamente. El debate alrededor de la ley ha resaltado la tensión entre la necesidad de medidas efectivas contra el crimen y la protección de las garantías individuales, algo que los senadores deberán considerar en su próxima reunión.
En el contexto actual, donde la lucha contra la criminalidad y el lavado de dinero son temas de alta prioridad, el proceso legislativo sigue siendo un campo de batalla ideológico. La decisión de la Sala del Senado no solo refleja la división política existente, sino también las perspectivas sobre cómo se deben abordar los desafíos económicos y de seguridad en el país. A medida que el debate avanza, se espera que la opinión pública continúe ejerciendo presión sobre los legisladores para encontrar un equilibrio entre la eficacia en el combate al delito y la protección de derechos fundamentales.
