La Sala del Senado rechazó este miércoles la propuesta que permitía a la Fiscalía levantar el secreto bancario de organizaciones criminales sin necesidad de contar con una autorización judicial. Esta iniciativa formaba parte del proyecto de ley de Subsistema de Inteligencia Económica, diseñado para aumentar las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la detección del flujo ilícito de dinero proveniente de bandas delictivas. Con 14 votos a favor y 17 en contra, la propuesta fue desestimada únicamente por los senadores de la derecha, quienes marcaron su rechazo a este mecanismo que buscaba agilizar las investigaciones financieras.
Los senadores que se manifestaron en contra de la propuesta incluyen figuras conocidas dentro de la política chilena, como Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma y Luz Ebensperger. La votación refleja una clara división entre la oposición y la derecha, que ha cuestionado la necesidad de otorgar mayores poderes a la UAF sin una garantía judicial. Los detractores argumentaron que medidas de esta índole podrían vulnerar derechos fundamentales y abrieron el debate sobre el equilibrio entre seguridad y respeto a la legalidad.
En contraste, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió la iniciativa al afirmar que «no existen dificultades jurídicas con este proyecto; por el contrario, podría reducir la carga de los tribunales y mejorar la eficiencia de las investigaciones financieras». Marcel enfatizó que la Corte Suprema, en su reciente informe, también coincidía con esta visión, sugiriendo que el levantamiento del secreto bancario podría ser un paso crucial en la lucha contra el financiamiento del crimen organizado.
El proyecto de ley, aún en su fase preliminar de tramitación legislativa y con un debates pendientes, está previsto para una revisión en la próxima semana, donde es posible que se introduzcan enmiendas para abordar las preocupaciones de los senadores de la oposición. La discusión sobre este tema cobra una relevancia particular en el contexto actual, donde los delitos económicos han aumentado, y la necesidad de herramientas efectivas para combatarlos se vuelve cada vez más urgente.
El rechazo de la propuesta también ha generado una ola de reacciones en diferentes sectores de la sociedad y la política, quienes señalan la importancia de avanzar en medidas que fortalezcan la capacidad del Estado para hacer frente a las organizaciones criminales. La expectativa queda abierta sobre cómo se desarrollará el debate en el Senado la próxima semana, así como las posibles consecuencias que este rechazo tendrá en el ámbito de la seguridad económica y la lucha contra el crimen organizado en el país.
