A partir de febrero de 2024, el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) fue reajustado según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fijando el nuevo beneficio en $224,004 para los beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS) en 2025. Este reajuste forma parte de las medidas adoptadas por el Gobierno tras la aprobación en el Congreso Nacional de la reforma al sistema de pensiones, que contempla un incremento sustancial en la PGU. Se prevé que, en caso de ser aprobada la propuesta legislativa, el aumento se aplicará de manera gradual, comenzando con los ciudadanos mayores de 82 años.
Verónica Munilla, académica de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, aclara que los nuevos montos se encuentran detallados en el artículo trigésimo cuarto del proyecto de ley y que la variación dependerá de la edad del beneficiario. Esto significa que, a partir del primer día del sexto mes después de la publicación de la ley, la PGU se elevará hasta un máximo de $250,000 para las personas de 82 años o más. A continuación, desde el primer día del décimo octavo mes, se incrementará para quienes tengan 75 años o más, y finalmente, un año después, se aplicará el aumento a todos los beneficiarios.
El Gobierno también ha comunicado que aquellos beneficiarios de la PGU que están incluidos en la Comisión Valech o el Informe Rettig, así como los exonerados políticos, recibirán el aumento de manera gradual, siguiendo el mismo cronograma establecido anteriormente. Este enfoque busca asegurar que los grupos más vulnerables de la población sean prioritarios en el reajuste de este componente no contributivo del sistema de pensiones, el cual es financiado enteramente con recursos estatales.
La reforma a la PGU no solo se centra en su actualización, sino que también establece un análisis de suficiencia que se deberá realizar cada cuatro años. Este análisis, a cargo del Consejo Consultivo Previsional, se llevará a cabo antes del 31 de marzo de cada año correspondiente, y evaluará la capacidad del monto de la PGU vigente para cubrir necesidades básicas, siguiendo metodologías que consideran la línea de la pobreza y el crecimiento económico. Munilla destaca que esta medida busca garantizar que la PGU cumpla efectivamente su función social.
Finalmente, la académica señala que la gran novedad del proyecto de ley es la imposición de la obligación al Consejo Consultivo Previsional para revisar la suficiencia de los montos establecidos cada cuatro años. Luego de esta evaluación, el Consejo deberá proponer un nuevo monto, el cual será evaluado por el Consejo Fiscal Autónomo para medir su impacto fiscal antes de ser reingresado a los Ministerios del Trabajo y Hacienda. Esta estructura de revisión periódica es un avance significativo para asegurar la adaptabilidad del sistema de pensiones a las condiciones económicas cambiantes y a las necesidades de los beneficiarios.
