El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha declarado ilegal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, destinada a limitar la ciudadanía de los niños nacidos en territorio estadounidense de padres indocumentados o con visados temporales. La decisión, anunciada el martes, resalta que la ciudadanía es un derecho consagrado en la Constitución, específicamente en la Decimocuarta Enmienda, que establece que cualquier persona nacida en el país está sujeta a su jurisdicción y, por ende, es ciudadano desde su nacimiento. El fallo fue adoptado con una estrecha mayoría de cinco votos a favor y cuatro en contra, reafirmando así una interpretación que ha sido vigente por más de 150 años en Estados Unidos.
Los detalles del dictamen indican que el Tribunal considera que los niños nacidos en el país, independientemente del estatus migratorio de sus padres, gozan automáticamente de la ciudadanía. Esta postura se opone directamente a los intentos de la administración Trump de reinterpretar la ley sobre el estatus de estos nacidos en suelo estadounidense. En particular, la disidencia del juez Brett Kavanaugh fue notable; aunque no apoyó el decreto de Trump, no comparte la interpretación maximalista de la cláusula de ciudadanía, lo que refleja la división interna dentro de la corte sobre este tema sensible.
Trump, quien durante su campaña electoral había prometido limitar la ciudadanía automática para los hijos de migrantes indocumentados, había puesto en marcha esta orden ejecutiva el mismo día de su segundo mandato, marcando un enfoque agresivo hacia las políticas migratorias. La decisión del Tribunal Supremo anula estos esfuerzos que, se estima, habrían afectado a aproximadamente 255,000 niños al año. La corte, al detallar su fallo, afirma que cualquier individuo nacido en los Estados Unidos y sujeto a sus leyes no solo nace en un territorio nacional, sino que también ingresa inmediatamente en el ámbito de la ciudadanía por nacimiento.
La controversia en torno a la interpretación de la Decimocuarta Enmienda ha sido avivada por comentarios de Trump, quien ha sostenido que Estados Unidos es el único país que concede ciudadanía automática por nacimiento. Este argumento ha sido desmentido, ya que existen alrededor de 30 naciones en todo el mundo que otorgan derechos similares. Trump trató de argumentar que esta enmienda, que fue implementada tras la Guerra Civil para proteger los derechos de los antiguos esclavos, únicamente se refería a los hijos de esos esclavos, lo que limita gravemente su aplicación a su criterio.
La presencia de Trump el pasado abril en la Corte Suprema, donde escuchó argumentos sobre la legalidad de su orden, marcó un hito al ser la primera vez que un presidente en ejercicio asiste a una sesión del alto tribunal. Esta situación pone de relieve la creciente tensión entre el ejecutivo y el poder judicial en cuestiones que afectan a la legislación sobre derechos civiles y la ciudadanía. La decisión del Tribunal Supremo no solo refuerza la protección de la ciudadanía estadounidense sino que también plantea interrogantes sobre las futuras políticas de inmigración bajo una administración que ha buscado redefinir el concepto mismo de pertenencia nacional.
