El primer trimestre del año ha sido un verdadero desafío para el ecosistema empresarial chileno, ya que ha puesto a prueba la resiliencia de las empresas en un contexto marcado por el aumento de los costos operativos. Este aumento es resultado de reajustes y obligaciones anuales que han complicado las finanzas de muchas pymes. A medida que se acerca la fecha límite de la Operación Renta, programada para el 30 de abril, el sector productivo se enfrenta a un nuevo obstáculo: la preocupación por la liquidez. De acuerdo con datos de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), el 77% de las pequeñas y medianas empresas considera la falta de liquidez como su principal factor de riesgo, lo que puede derivar en graves consecuencias financieras al no cumplir con el pago de impuestos.
El Formulario 22 (F22) es fundamental en este proceso, pues a través de este documento, las empresas deben consolidar sus ingresos y gastos del año anterior para determinar su impuesto a la renta. Sin embargo, la situación para aquellas que deben pagar al Fisco es crítica, ya que la falta de caja puede desencadenar sanciones severas. Al no cumplir con el plazo de pago establecido por el Servicio de Impuestos Internos (SII), las empresas enfrentan multas que comienzan en un 10% del monto adeudado y pueden alcanzar hasta el 30%, además de un interés penal del 1,5% por cada mes de demora. Estas cargas financieras pueden llevar a la quiebra a aquellas empresas que ya están lidiando con gastos elevados tras el inicio de año.
Christián Real, CEO de Chita, destaca que la situación de llegar a la Operación Renta sin liquidez no necesariamente indica que un negocio sea incapaz; más bien, se trata de un descalce temporal de liquidez. El verdadero reto reside en la inflexibilidad del sistema tributario, donde cualquier retraso en el pago puede generar un efecto en cadena negativo que asfixie a los emprendedores en un panorama económico cada vez más incierto, especialmente frente a las repercusiones globales como las ocasionadas por la guerra en Medio Oriente.
En este contexto crítico, el factoring digital se presenta como una herramienta estratégica que permite a las empresas esquivar el riesgo bancario. Al ofrecer agilidad en el acceso a la liquidez, el mercado ha comenzado a ver el uso del factoring como una alternativa vital para mantener un flujo de caja saludable. A través de este mecanismo, las empresas pueden convertir facturas por cobrar en efectivo en cuestión de horas, lo que les garantiza los recursos necesarios para cumplir con el pago del F22 sin tener que afrontar las complejidades y demoras del crédito tradicional.
Chita ha revolucionado el modelo de factoring al centrarse en las características del pagador final en lugar de evaluar únicamente el patrimonio o antigüedad de las pymes. Según Real, el objetivo es democratizar y agilizar el acceso al capital, permitiendo que el esfuerzo comercial de las pequeñas y medianas empresas se transforme en efectivo sin poner en riesgo su estabilidad. Esta innovación no solo ha transformado la manera en que las pymes gestionan sus obligaciones fiscales, sino que también ha permitido que mantengan su crecimiento y operatividad, desdibujando la noción de que pagar impuestos significa frenar la inversión o retrasar el pago de sueldos.
