El indulto otorgado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por el presidente estadounidense Donald Trump ha generado una gran controversia en el país. Anunciado el 28 de noviembre, este acto coincidió con el apoyo de Trump al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el domingo. Hernández, quien había sido condenado a 45 años en 2024 por narcotráfico y posesión de armas, aprovechó su primer mensaje en redes sociales para agradecer al presidente estadounidense, destacando su percepción de injusticia y la necesidad de una corrección por parte de la administración Trump.
En su mensaje, Hernández expresó su triunfo personal y su gratitud hacia Trump, afirmando que su libertad se debe a la intervención de este en un momento crucial. Aseguró sentirse inocente y víctima de un sistema judicial politicizado que lo había condenado sin pruebas reales. Este reclamo de inocencia ha resonado en sus seguidores, quienes aplauden su regreso al ámbito político, mientras que al mismo tiempo, muchos en Honduras critican este indulto dadas las serias acusaciones de narcotráfico que pesan sobre él.
Además de su gratitud hacia Trump, Hernández también agradeció a su familia y amigos que lo apoyaron durante su encarcelamiento. Su esposa, Ana García, reveló que escribió a Trump solicitando el indulto poco antes de que Hernández cumpliera 57 años. Esto ha suscitado un debate sobre la influencia que tiene la política exterior de EE. UU. en las decisiones judiciales de otros países, en particular en Honduras, donde su gobierno también fue visto como un aliado clave en la lucha contra el narcotráfico.
La situación política en Honduras se complica, en un contexto electoral donde Asfura compite con el opositor Salvador Nasralla del Partido Liberal. El trasfondo de la elección está empañado por el indulto de Hernández, que algunos analistas sugieren podría tener implicaciones sobre cómo la población percibe la legitimidad de estos comicios y el futuro del Partido Nacional, que ya se había visto debilitado por acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico durante el mandato de Hernández.
Por último, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, ha advertido que, aunque Hernández ha recuperado su libertad en EE. UU., su regreso a Honduras podría llevar a enfrentamientos legales por los delitos de corrupción por los cuales se le acusa. La situación se ha vuelto susceptibles a una mayor fractura social, ya que diversos sectores de la población están divididos entre los que apoyan su indulto como una medida de justicia, y aquellos que lo ven como un grave error que normaliza la impunidad en el ámbito político nacional.
