La Corte de Apelaciones de Coyhaique ha revocado la libertad de Mauricio Ortega, condenado por la brutal agresión a Nabila Rifo, en una decisión que resalta la importancia de garantizar los derechos de las víctimas en los procesos judiciales. Esta resolución se da luego de que el tribunal acogiera un recurso de amparo presentado por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), en representación de Rifo. El fallo se fundamenta en la deficiencia de la notificación efectuada a la víctima, que se realizó en un domicilio inapropiado, lo que vulneró su derecho a ser oída en el proceso de libertad condicional.
Los magistrados de la 1era Sala, compuesta por Pedro Castro Espinoza, José Ignacio Mora Trujillo y Luis Aedo Mora, señalaron que la notificación a Rifo se efectuó en dependencias institucionales y no en su verdadero lugar de residencia. Este procedimiento erróneo fue considerado un grave obstáculo en el acceso a la justicia para la víctima, destacando que las notificaciones deben hacerse exclusivamente en el hogar de la afectada o, en su defecto, seguir lo que disponga el tribunal.
La Corte de Apelaciones no solo decidió revocar la libertad de Ortega, sino que también instó a la Comisión de Libertad Condicional a revisar de manera exhaustiva el beneficio que se le había otorgado previamente. Esta situación refleja una de las fortalezas del sistema judicial, que responde a las exigencias de transparencia y equidad en los procedimientos, promoviendo mayor protección para las víctimas de delitos de violencia de género.
En su resolución, el tribunal también hizo hincapié en la necesidad de establecer un tribunal de ejecución en la región de Aysén, una solicitud que surge como respuesta a la evidente debilidad estructural del sistema de justicia penal en Chile. Según los miembros de la Corte, la falta de supervisión judicial efectiva y el seguimiento adecuado durante la ejecución de medidas y sentencias ponen en riesgo tanto a las víctimas como a la comunidad en general.
Finalmente, la Corte determinó que Mauricio Ortega regrese al establecimiento penitenciario de Puerto Aysén, enfatizando en la importancia de que la justicia no solo castigue a los culpables, sino que también garantice un proceso que respete los derechos de las víctimas. La decisión ha generado un debate sobre las reformas necesarias en el sistema judicial chileno, así como el compromiso del estado para ofrecer un entorno seguro y justo para quienes han sufrido violencia.
